El PP cree que el tercer informe europeo sobre el urbanismo en España perjudicará más al sector

REDACCIÓN La portavoz de Asuntos Europeos del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Emma Iranzo, aseguró ayer que el tercer informe que el Parlamento Europeo pretende elaborar para "criminalizar" el urbanismo en España "agravará aún más" la situación del sector que "es el peor parado dentro de la crisis económica que vivimos", según informaron ayer fuentes de esta formación en un comunicado.
La diputada popular se refirió de esta manera a la solicitud de la Junta de portavoces del Parlamento Europeo de autorizar a la comisión de Peticiones la elaboración de un nuevo informe de control al modelo de urbanismo español con el apoyo de los socialistas y el voto en contra del Partido Popular.
En este sentido, Iranzo manifestó que "el único perjudicado de todo esto es la construcción". Asimismo, sostuvo que en la Comunidad Valenciana el modelo de urbanismo es "respetuoso con el medio ambiente y sigue las pautas de conservación de nuestro territorio". Recordó que el Gobierno de Francisco Camps "presentará las alegaciones rigurosas que crea necesarias al Gobierno de España para que así lo traslade al Parlamento Europeo", al tiempo que lamentó que los socialistas "lleven hasta Europa temas tan internos de España como éste y aún más cuando se trata de uno de los sectores más importantes del país, que más desarrollo económico y puestos de trabajo ha creado".
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, por su parte, advirtió ayer de que estarán "vigilantes" para que el Gobierno traslade ante el Tribunal Europeo, "íntegramente", todas las alegaciones que han presentado después de que éste admitiera un recurso de la Comisión Europea contra la Ley Urbanística Valenciana. "Hemos hecho unas alegaciones muy rigurosas y estamos esperando que sean trasladas íntegramente al Tribunal de Luxemburgo, cosa que no ocurrió en el pasado", recordó.
Rambla, asimismo, defendió ayer la legalidad de la normativa urbanística valenciana "porque bebe de las mismas fuentes que otras normativas socialistas" y se mostró convencido de que este proceso "terminará en el sobreseimiento de la denuncia".