El colapso de los juzgados penales provoca una huida masiva de los funcionarios

N. IGLESIAS La saturación de trabajo a la que hacen frente los juzgados de lo penal de Alicante está provocando un goteo constante de solicitudes de traslado por parte de los profesionales que prestan sus servicios en esta jurisdicción. La falta de refuerzos en las plantillas y la derivación de trámites por parte de otras áreas ha generado, según fuentes judiciales, una situación "límite" para los trabajadores que, pese "a tener aquí su plaza, huyen de este área" para poder mejorar sus condiciones laborales.
La radiografía de la situación es similar en los siete juzgados de lo penal con los que cuenta las dependencias de Benalúa y se arrastra desde hace años. Con la llegada del verano y la convocatoria de traslados cada vez son más los funcionarios de carrera que apuestan por esta vía, dando lugar a situaciones como la registrada actualmente en el Penal 7 donde las peticiones de cambio de destino afectan a más de la mitad de la plantilla.
La continua salida de mano de obra titular se traduce así en una recepción cada vez mayor de personal interino que en algunos juzgados ya supone casi la totalidad del equipo de trabajo. Fuentes del sindicato CC OO advirtieron de que la situación es "preocupante" ya que los trabajadores llegan sin la formación adecuada, por lo que "el desarrollo de las tareas, ya de por sí retrasadas por el importante volumen de causas, se ve aún más ralentizado".
A este hecho se suma la circunstancia de que los concursos se desarrollan durante una única vez al año, provocando la situación de que "personal que tan solo lleva tres o cuatro meses trabajando se convierte en el empleado más veterano del juzgado, ya que los titulares han hecho efectiva su salida", sostienen. Esta problemática afecta de igual manera a los jueces, donde las cifras de movilidad son también elevadas alcanzando a cerca del 30% de los profesionales de la provincia que se acogen a la opción del cambio de ubicación en periodos que no superan los cinco años.
El exceso de trabajo al que se ven sometidos los penales contrasta de manera relevante con las recomendaciones establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa en una media de 450 los casos que de manera anual debería afrontar cada juzgado, frente a los más de 600 en los que se asienta la provincia.
Según el último informe elaborado por CC OO este "desfase" está colocando en una situación "preocupante" el funcionamiento de esta jurisdicción, y entre los trabajadores pesa la "tensión" despertada tras conocerse la noticia de casos como el de los juzgados de Málaga, en relación al asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés.
Al elevado número de procedimientos, los sindicatos suman, además, la gran entrada de ejecutorias que ingresan directamente desde los juzgados de instrucción. Un volumen total de trámites que en el conjunto de la provincia superan los 16.000, una media superior a los 1.200 por juzgado, y que "ante los cambios de destino y la falta de mano de obra" irán "tensando aún más" la situación que atraviesa la provincia.