El PP alarga las vacaciones de las Cortes al evitar fijar  el debate de política general

P. R. F. Las vacaciones suelen terminar con el final del mes de agosto. Para casi todos menos para las Cortes Valencianas. El PP, con la complicidad de la presidenta Milagrosa Martínez, optó ayer por alargar el asueto parlamentario al evitar fijar la fecha del debate de política general. Legalmente, el pleno en el que se debate la situación de la Comunidad es el que debe de abrir el segundo periodo de sesiones del año. Los populares barajan, pese a la petición expresa que hizo ayer Ángel Luna de celebrar el pleno cuanto antes, situar la convocatoria bien durante la semana previa bien 48 horas después de que finalice el congreso que los socialistas valencianos tienen convocado para la última semana del mes de septiembre.
Así las cosas, la Mesa de las Cortes y la junta de síndics se reunieron para casi nada. "Para contarnos las vacaciones", ironizó uno de los parlamentaris. Hasta la próxima semana, el órgano que dirige las Cortes no propondrá a los grupos del PP, PSPV y Compromís el calendario de sesiones y la fecha de celebración del debate de Política General. Entre tanto, la Mesa apenas dio luz verde a la celebración de una comisión con asuntos de puro trámite. En todo caso, no habrá plenos y, por tanto, Camps eludirá el control parlamentario hasta que no se celebre el debate de política general. Tras la Junta de Síndics, el portavoz del PP, Ricardo Costa, se mostró a favor de esta decisión y de que sea la Mesa de las Cortes la que haga la propuesta de calendario a los grupos parlamentarios.
Por su lado, el representante socialista, Ángel Luna, criticó que la reunión de portavoces concluyera sin debatirse y cerrarse el calendario para el nuevo periodo de sesiones. Indicó que la junta fue muestra "de lo que puede ser el inicio de un largo periodo de tortura hacia la oposición" por parte del PP, grupo mayoritario en las Cortes. Luna censuró que al llegar a este encuentro "no hubiera ningún papel sobre la mesa, ni orden del día, sólo la convocatoria y una carpeta vacía con dos folios en blanco", al tiempo que manifestó sus "quejas" ante "la falta de propuesta" por parte de la Mesa para aprobar un nuevo calendario este misma mañana. Lamentó que "a día de hoy no se sepa nada de nada" de dicho calendario y que las Cortes no funcionen, una circunstancia con la que, según dijo, "se está ocultando cómo se usa el dinero público que pagan los ciudadanos".
La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, por su parte, consideró que el parlamento autonómico comienza el nuevo curso "con mal pie" y mostró su "sorpresa" por "la falta de contenidos" de la junta de síndics. En la reunión apenas se acordó, además de que sea la Mesa la que la próxima semana plantee el calendario del periodo de sesiones que comienza, la celebración para el 11 de septiembre de la Comisión de Coordinación, en la que se tratará la Ley de Encuentro Familiar. Asimismo, se acordó abrir hasta el 28 de septiembre el plazo para presentar propuestas para la elección que el Senado debe hacer de magistrados para el Consejo General del Poder Judicial. Ante esta actividad, el portavoz del PP felicitó a la Mesa de las Cortes "por la rapidez con la que ha puesto en marcha este periodo de sesiones con la reunión fijada para hoy -por ayer- de la propia Mesa y de los Síndics".
COMPROMÍS
Informe jurídico sobre la expulsión de Glòria Marcos
La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, aseguró ayer que la Mesa de las Cortes pedirá un informe jurídico sobre la expulsión de la diputada Glòria Marcos. Oltra -portavoz del grupo que comparten en las Cortes Bloc, Iniciativa y EU- comentó que la Mesa, que se reunió ayer tras las vacaciones parlamentarias, "ha visto los escritos que se habían presentado a mediados de julio" sobre esta cuestión y explicó que decidió "pedir un informe jurídico que avale la decisión de la Mesa" respecto a la expulsión planteada por Compromís. La diputada de Iniciativa consideró que la Mesa de las Cortes podría haber pedido este informe "hace un mes y medio" y atribuyó la decisión de pedir un informe jurídico a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, al tratarse de "un tema de calado".