El efecto ´boomerang´

N. IGLESIAS El fiscal Felipe Briones será finalmente el encargado de evaluar la denuncia interpuesta por el grupo socialista de Alicante sobre el caso Benalúa Sur, aunque no lo hará desde su competencia de fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Alicante. A modo de efecto "boomerang", el caso, que inicialmente fue remitido por los socialistas a este área y se rechazó, ha vuelto a manos del fiscal, quien tendrá que evaluar si encuentra indicios de un posible delito de "prevaricación, fraude, estafas o tráfico de influencias", como apuntaron en su escrito los representantes del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante.
La responsabilidad de volver a evaluar el caso llega así de nuevo a manos de Briones aunque en esta ocasión de una forma aleatoria, ya que según explicó ayer el teniente fiscal en funciones, Juan Carlos López Coig, el caso salió a "reparto y le ha tocado a él", aunque insistió en la circunstancia de que le corresponde "en su categoría de fiscal y no de titular de Anticorrupción".
El reparto de este tipo de casos con vinculación a aspectos de la política responde a un método establecido por la Fiscalía de Alicante para desbloquear algunas áreas judiciales. Con esta asignación el fiscal tendrá ahora que volver a revisar el caso y establecer si existen aspectos que apunten la posibilidad de un delito. Un paso que determinará la continuidad del proceso, decidiendo si se archiva la causa o se sigue adelante remitiendo el asunto para continuar con su instrucción.
El caso llegó a la Justicia a principios del mes de agosto a través de una denuncia presentada por el PSOE, que se admitió a trámite para abrir diligencias, aunque no por el área de Anticorrupción como plantearon desde el grupo en un primer momento.
La denuncia interpuesta por los socialistas incidía en la posible comisión de los delitos "de prevaricación, estafa, fraude y tráfico de influencias" por parte de representantes municipales en el proceso de aprobación y ejecución del Proyecto de Raparcelación de la Unidad de Ejecución número 1 de Plan Parcial de Benalúa Sur.
En su escrito, los representantes del partido apuntaban hacia la titular de la concejalía de Urbanismo, Sonia Castedo, algunas autoridades de la Gerencia y la mercantil encargada de la urbanización, Nuevo Sector Plan Parcial Benalúa Sur SL., por su vinculación a esta actuación, que según expusieron, se situaba "posiblemente al margen de la legalidad". Así, destacaron entre otros aspectos "dudosos" el hecho de aceptar que "el Ayuntamiento pagara la mitad de las costas de urbanización y la erradicación de la vivienda pública del sector" precisaron.
Por su parte, el Juzgado número 3 de Alicante ya falló en febrero de este año a favor del PSOE en el recurso contencioso-administrativo que interpuso el grupo municipal contra la aprobación del plan de reparcelación, en el que se aceptaba compartir los gastos de urbanización.