L.B./S.E.
El presidente, Enrique Climent, explicó que el recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia por la posible infracción de directivas de contratos públicos "tuvo su génesis en las denuncias de 2004 de AUN", y dijo que "ya no existirá la influencia ni los intereses de los partidos políticos porque el tema ya lo lleva el Tribunal Europeo". "Al estar el asunto en manos del Tribunal Europeo, los grupos políticos ya no tienen nada que decir", dijo. Desde Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, señaló ayer que "aunque la denuncia no hace referencia a aspectos medioambientales, demuestra que esta ley necesita una reforma".
Por su parte, Veïns de Parcent espera que "Europa aplique toda su fuerza para defender a sus ciudadanos". En esta población de la Marina Alta, de poco más de 1.000 habitantes, la tramitación de tres polémicos PAI (que hubiera incrementado su población a 5.000 almas) ha provocado un cambio de gobierno, una sentencia del TSJ-CV contra uno de los proyectos (que hizo escuela y generó la doctrina Parcent) y, ahora, tiene enfrentados a los promotores con el actual equipo de gobierno que reniega del crecimiento desenfrenado que proponía el anterior equipo del PP.
El presidente de la Federación de Empresas de la Construcción de Alicante (Fecia), Ramón Jerez, por su parte, argumentó ayer que "nos regimos por una ley perfectamente consensuada y no nos preocupa en absoluto que puedan surgir reajustes" añadiendo que "respetamos la decisión de la UE".
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