L. BALLESTER
La Generalitat insistió ayer en las bondades de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), a pesar de que acaba de ser denunciada ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplir dos directivas de adjudicación de contratos y servicios. "La LUV es correcta", aseguró un portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Los promotores, sin embargo, creen que ha llegado el momento de reaccionar. El secretario de la Federación de Promotores y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana, Benjamín Muñoz, defendió ayer que "hay que llegar a un acuerdo y arreglar ya este contencioso con Bruselas. Los promotores no podemos estar con esta espada de Damocles".
Muñoz asegura que los promotores ya han pedido a la Conselleria de Urbanismo "que se modifique la legislación valenciana en lo que contradice a las directivas europeas y en otros problemas que hemos detectado los promotores, no sólo en la LUV sino en la LOT y en el reglamento del Paisaje". Pero, como pasa el tiempo y el contencioso con Europa no sólo no se soluciona sino que se agrava, el secretario de los promotores aboga por "resolver esta cuestión de una vez porque, cada vez que sale una noticia de este tipo, se hunden más las ventas en el extranjero".
Tres años después de que el comisario de Mercado Interior Charlie McCreevy iniciara el primer procedimiento de infracción contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que después heredaría la LUV, la Generalitat sigue con los mismos argumentos que han llevado a la legislación urbanística valenciana a sentarse en los tribunales: "Vamos a continuar insistiendo en que la LUV cumple la legislación española y europea, porque estamos seguros de que es así", señalan las mismas fuentes.
Y en este sentido, se está elaborando el documento de respuesta que se enviará al Tribunal de Justicia Europeo a través del Gobierno de España "para que nos defienda". La Abogacía General de la Generalitat, dirigida ahora por la secretaria autonómica Isabel Villalonga que depende directamente de Presidencia, es quien se encarga de elaborar los "argumentos jurídicos de la defensa" ante el Tribunal de Justicia Europeo. Presidencia es quien se ha encargado de responder en este largo proceso con la Comisión Europea en los últimos tres años. La denuncia, según Medio Ambiente, llegó a la Generalitat a "mediados de julio". El plazo para responder al Tribunal Europeo es de 40 días por lo que "la respuesta se enviará en breve".
El Tribunal de Justicia Europeo aún podría rechazar las peticiones de condena contra el Reino de España por la LUV y la LRAU. O podría acabar imponiendo una multa al Gobierno, a petición de la Comisión Europea (CE), que suele ser implacable. En febrero de 2007 la CE impuso la sanción más cuantiosa de su historia: 992 millones de euros a las empresas Otis, Kone, Schindler y Thyssenkrupp por formar un cartel para amañar ofertas en las licitaciones de ascensores y escaleras mecánicas. En mayo de 2006 cuatro fabricantes de vidrio acrílico también fueron multados con 344,5 millones de euros por pactar precios. El TJE también multó a España con 5,2 millones de euros por operaciones de retirada de frutas y verduras en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Posible anulación
Mención aparte serían la posible anulación de programas de actuación integrada (PAI). Ni el TJE ni la Comisión Europea pedirán, probablemente, que se anulen los PAI tramitados con las leyes valencianas. Pero una sentencia europea contra la LUV o la LRAU, por incumplimiento de directivas, sería un argumento a favor de cualquier recurrente que decidiera llevar ante los tribunales, en España, la aprobación, reparcelación o retasación de un PAI. Preguntada si este aspecto no preocupa a la Generalitat y la incentiva a cambiar ya la ley, fuentes de Urbanismo dijeron: "Para eso están los tribunales".
El PSPV pide que se refundan las leyes urbanísticas
El portavoz socialista de Urbanismo y Vivienda en las Cortes Valenciana, Francesc Signes, calificó ayer de "muy mala noticia" para la Comunidad el inicio de procedimiento de denuncia de la Comisión Europea contra la Ley Urbanística Valenciana "después de tres años de advertencias, por los incumplimientos e irregularidades del urbanismo valenciano". Para el diputado, la Ley Urbanística Valencia (LUV), la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) y la Ley de Suelo no Urbanizable precisan "refundirse en un único texto que resuelva los incumplimientos de las directivas europeas, así como las dudas de aplicación que contienen".
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