EFE
Los cursos, que comenzaron el pasado mes de febrero, contemplan tanto la formación continua como la especializada, "con el objetivo de adecuar los puestos administrativos de los funcionarios a la formación realizada", tal y como ha indicado el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa.
De los 297 cursos que el Instituto Valenciano de Administración Pública ha previsto para este año, 177 corresponden a formación continua y 120 a formación especializada. ç
De todos ellos se realizarán un total de 508 ediciones, distribuidas en las tres provincias.
Así, en la provincia de Castellón se realizarán 62 ediciones, a la que está previsto que asistan casi 2.000 personas, a las que se les impartirá un total de 1.405 horas.
Por lo que respecta a la provincia de Alicante, en ella se realizarán 94 ediciones, con 1.770 asistentes y 2.132 horas lectivas.
En la provincia de Valencia un total de 7.325 funcionarios recibirán más de 9.100 horas lectivas en las 352 ediciones de cursos que se impartirán hasta finales de año.
Fernando de Rosa se ha referido a la inclusión por primera vez de actividades dirigidas a los discapacitados intelectuales, a través de talleres adaptados a sus necesidades y con diversas temáticas, tales como salud laboral o prevención de riesgos laborales.
"Estas iniciativas sirven de complemento para la integración y desarrollo profesional de las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que desarrollan su trabajo en el ámbito de la función pública", ha asegurado De Rosa.
El conseller ha destacado también "la variedad de actividades del plan de formación que abarca un gran número de áreas formativas", como recursos humanos, seguridad y salud, urbanismo y medio ambiente, ámbito jurídico, información y atención al ciudadano, informática, idiomas, etc.
Además, De Rosa ha resaltado "la amplia oferta formativa on line que permite que los empleados públicos puedan conciliar vida laboral y familiar y ampliar sus conocimientos".
Por último, el conseller ha señalado que "se han cubierto las demandas formativas de diferentes colectivos específicos", como abogados de la Generalitat, agentes medioambientales, arquitectos, auxiliares o personal de la administración de justicia, entre otros.