"La respuesta desganada ofrecida por el Alcalde de Alicante insiste en su actitud contumaz de falta de respeto a la legalidad vigente", aseguró ayer el coordinador de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas Carlos Gómez Gil. "Además", prosiguió, "es inexacta, carente de rigor legal y ajena a la verdad". Así lo han hecho constar los integrantes de la PIC en su reciente escrito de alegaciones al Síndic, en el que critican la "tardía y escueta respuesta" del alcalde.
De esa contestación de Alperi, la PIC concluye que el primer edil se permite hacer "lo que le da la gana" al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local. En este punto, Gómez Gil precisa que la decisión del primer edil de exigir 25.000 firmas para que un asunto pueda ser sometido a debate en el Pleno "es tan arbitraria como alegal, sin que tenga apoyo jurídico o normativo de ningún tipo". En segundo lugar, recalca que la Ley de Memoria Histórica es "de obligado cumplimiento y tiene, por tanto, carácter imperativo como de hecho se está llevando a cabo en numerosos ayuntamientos y otras instituciones públicas de España".