El artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica es muy claro cuando establece que "las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
El principal inconveniente para impulsar el cambio de nombre en estas calles estriba en lo "impopular" de la medida, toda vez que los múltiples negocios, oficinas y despachos ubicados en ellas, y especialmente en la zona centro, se verían obligados a asumir un coste económico más o menos elevado para modificar su razón social en todo tipo de documentos internos, tarjetas de visita y demás soportes. Fuentes municipales confirmaron ayer que el grupo socialista es partidario de que la sustitución de los nombres de las calles "se vaya haciendo progresivamente porque el actual momento no es bueno para que empresas y particulares asuman nuevos gastos".
A raíz de la negativa de Alperi de debatir la retirada de honores a Franco, el PSOE se centró en que la medida se pudiera llevar a cabo en otros ayuntamientos de la provincia, tal y como ser hizo en San Juan, Villena, Novelda, Elche y San Vicente, entre otros. Este último caso, materializado el pasado 28 de mayo, es especialmente relevante por cuanto está gobernado por la popular Luisa Pastor. En la Diputación Provincial el PP rechazó retirar las distinciones al dictador con el argumento de que Franco "ya está muerto y enterrado".
