Alperi responde al Síndic que la ley no le obliga a retirar honores a Franco

J. E. MUNERA Apenas siete líneas ha necesitado el alcalde de Alicante para despachar la petición de información del Síndic de Greuges sobre la decisión de Luis Díaz Alperi de condicionar la retirada de los títulos y menciones honoríficas al dictador Francisco Franco a la presentación de 25.000 firmas. En su escueta respuesta al nuevo Defensor del Pueblo autonómico, el primer edil sostiene que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local le facultan para tomar esa decisión y que la Ley de Memoria Histórica "no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada". La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), promotora de la queja que motivó la intervención del Síndic, considera que la contestación "a regañadientes" de Alperi evidencia "su falta de respeto a la legalidad vigente" y su voluntad de no cumplir la Ley de Memoria Histórica. Por su parte, el nuevo Síndic Carlos Morenilla recrimina al Ayuntamiento su "acreditada falta de colaboración" en este asunto, una actitud obstruccionista que el Defensor del Pueblo incluirá en su próximo informe anual a las Cortes.
La nueva recriminación del Síndic tiene su origen en el pleno municipal del pasado 22 de febrero en la que el PP rechazó la propuesta socialista de eliminar el título de Hijo Predilecto de Alicante concedido en 1940 a Franco, así como la retirada de todos los símbolos y exaltaciones referentes al franquismo, tal y como estipula la Ley de Memoria Histórica. En la misma sesión, Alperi se comprometió a retirar los honores al dictador si en dos años se le presentan 25.000 firmas de apoyo a la iniciativa.
La decisión de Alperi motivó siete días después -el 29 de febrero- una queja al Síndic de Greuges por parte de la PIC por considerar "jurídicamente inaceptable" que el alcalde supedite el cumplimiento de la ley a un requisito no previsto en la misma como es la recogida de 25.000 firmas. Una vez admitida a trámite la queja, la entonces Síndica Emilia Caballero remitió el 1 de abril un escrito al Ayuntamiento en el que solicitaba información sobre la postura del alcalde y su grupo de gobierno en relación con la Ley de Memoria Histórica. Silencio municipal.
Tres meses después -y una vez consumado el largo empeño del PP por relevar a Caballero al frente de la Sindicatura-, el nuevo Síndic Carlos Morenilla volvió a requerir al Consistorio el pasado 4 de julio "que se nos remita urgentemente la información que reiteradamente solicitamos". Es en este mismo escrito en el que Morenilla refleja "la acreditada falta de colaboración de la Administración interviniente [el Ayuntamiento] que manifiesta en este asunto", así como el hecho de que "la actitud de la citada autoridad [municipal] consta en la sección correspondiente del informe anual que próximamente se presentará en las Cortes Valencianas".
Esta vez, la respuesta del alcalde fue más rápida. El 18 de julio contestó al Síndic con muy pocas líneas que su decisión "como Presidente del Pleno condicionando el debate y votación en el Pleno municipal de la solicitud causa de la queja se fundó en las potestades que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, otorgan a la Presidencia del Pleno". En un segundo y último párrafo, Alperi no se da por aludido respecto a la aplicación en este caso de la Ley de Memoria Histórica por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. "Entiendo que la misma no contiene ningún mandato imperativo acerca de la cuestión planteada", concluye en su breve escrito el primer edil.