La Fiscalía de Alicante será quien estudie los documentos entregados por el PSPV a Anticorrupción

Será la Fiscalía de la Audiencia Provincial la que estudie y considere si la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, incurrió en los delitos de prevaricación, estafa, fraude y tráfico de influencias, según considera el PSPV.

EUROPA PRESS La Fiscalía de Alicante considera que el estudio de la documentación sobre las actuaciones de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, Sonia Castedo, relativas a la aprobación y ejecución del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de ejecución nº1 del Plan Parcial de Benalúa Sur, que el pasado 6 de agosto el PSPV entregó a la Fiscalía Anticorrupción, "no es competencia de Anticorrupción" por lo que los documentos se trasladarán al fiscal que corresponda de la Audiencia para que los estudie, según informaron hoy en a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

De esta forma, será la Fiscalía de la Audiencia Provincial la que estudie y considere si la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, incurrió en los delitos de prevaricación, estafa, fraude y tráfico de influencias, según considera el PSPV.

Los socialistas consideraron que las actuaciones de la edil, de autoridades de su departamento y de la empresa urbanizadora "han hecho posible la realización de intereses contrarios a la legalidad y a los intereses públicos, infringiendo el ordenamiento con vulneraciones graves de los principios de objetividad y servicio al interés público, y que presuntamente incurren en los delitos de prevaricación, estafa, fraude y tráfico de influencias", tal y como señalaron el pasado 6 de agosto, tras entregar la documentación a la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, durante la entrega de la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, Moreno destacó que "éste es un acto valiente mediante el que los socialistas demostramos la responsabilidad que tienen, que es controlar que las decisiones que el equipo de gobierno toma en este Ayuntamiento, no vayan en detrimento y prejuicio de los ciudadanos de Alicante".

Los socialistas calificaron de "arbitrarias" varias resoluciones administrativas relativas al caso Benalúa Sur, y señalaron que estas actuaciones "utilizan el poder político y administrativo para obtener resultados mediante un comportamiento orientado a la consecución fraudulenta de objetivos prohibidos y dañinos para el interés público y el patrimonio público".