Su compromiso con el pueblo tibetano viene de lejos, y una prueba de ello es que ya presentó hace dos años una primera denuncia que propició que la Audiencia Nacional se declarar competente para investigar el genocidio. ¿Cómo surgió ese interés?

Mi tesis doctoral está basada en la represión sufrida por el pueblo tibetano, y para llevarla a cabo realicé varios viajes al municipio indio de Dharamsala, donde se encuentra el gobierno tibetano en el exilio. En la zona tuve la oportunidad de conocer de cerca la realidad de lo que está sucediendo, y comprobé sobre el terreno los abusos de los que han sido objeto los refugiados por parte de las autoridades chinas. De hecho, China inició en 1950 una ocupación en toda regla de un país que hasta la fecha era independiente, provocando la muerte de 1.200.000 tibetanos y el exilio de más de 130.000 a la India y el Nepal.

Teniendo en cuenta que la Audiencia Nacional ya está investigando estos hechos desde 2006, ¿qué es lo que les ha impulsado a presentar esta segunda querella?

Los nuevos hechos y la represión que el gobierno chino ha venido realizando desde el pasado mes de marzo, a raíz de las protestas tibetanas que han coincidido con los preparativos de los Juegos Olímpicos, es lo que nos ha impulsado al Comité de Apoyo al Tíbet a presentar la querella. Se trata, insisto, de unos nuevos hechos, que consideramos muy graves y que entendemos que deben ser objeto de investigación.

Algunas voces consideran que la Justicia española no está para ocuparse de estos asuntos...

Los hechos que estamos denunciando están contemplados en el código penal, porque España ha firmado las convenciones internacionales sobre derechos humanos y se debe a ellas. Lo verdaderamente vergonzoso es que tenga que ser un juez de la Audiencia Nacional el que abra las investigaciones, y que mientras tanto las Naciones Unidas y otros organismos internacionales asistan impasibles a lo que está sucediendo.

¿A qué atribuye esta aparente indiferencia?

Desde hace años existen resoluciones de la ONU y condenas del Parlamento Europeo, pero a la hora de la verdad las presiones de China y las amenazas de ruptura de relaciones comerciales han pesado más que lo que estaba sucediendo. Desgraciadamente, resulta bastante evidente que los intereses de mercado están por encima de los derechos humanos.

¿Qué opinión le merece que se le haya concedido a China la organización de los Juegos Olímpicos?

En cierta forma ha venido bien, porque eso ha permitido difundir a nivel internacional la brutal represión que está sufriendo el pueblo tibetano y la sistemática violación de los derechos humanos. Por otro lado, no cabe duda de que lo que el gobierno chino está intentando con los Juegos es una operación de maquillaje que cuenta con la complicidad de los estados occidentales.

¿Qué opinión le merece la prohibición a los deportistas de hablar de política durante los juegos?

Hablamos de un doble rasero. Mientras a los atletas se les obliga a cumplir la Carta Olímpica, se pasa por alto que el gobierno chino ha vulnerado todos los principios de la misma.

¿Considera que la apertura de la investigación puede generar un conflicto entre los gobiernos de España y China?

No existen motivos para ello, y en caso contrario se evidenciaría que en China no tienen cultura democrática, puesto que el poder político no puede frenar un proceso judicial.