Instituciones Penitenciarias nombra a Manuel Avilés director de la cárcel de Palma

C. PASCUAL Manuel Avilés fue nombrado ayer oficialmente director del centro penitenciario de Palma de Mallorca. El hasta ahora director de la Unidad Penitenciaria de Audiencia Provincial de Alicante en materia de violencia de género tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 11 de agosto en la prisión balear. Un centro similar al de Villena, aunque algo más grande al contar con 14 módulos. La cárcel de Palma fue noticia el pasado 18 de julio tras la desarticulación de una trama mafiosa y la detención de cinco de funcionarios acusados de corrupción y amenaza.
Sin embargo, fuentes de Instituciones Penitenciarias descartaron ayer que la llegada del ex director del Psiquiátrico de Alicante a Palma tenga relación con el turbio asunto. Aseguran las mismas fuentes que la decisión estaba tomada antes de que se descubriera la trama de corrupción, y se decidió por la "experiencia y capacidad" demostrada durante la etapa de Avilés como director de las prisiones de Nanclares de la Oca (Ávila) y Picassent (Valencia).
"Mi objetivo inmediato es acudir a Palma, conocer cómo se encuentra el centro y entonces solucionar los problemas que haya, si éstos existen", aseguró Manuel Avilés, colaborador habitual de INFORMACION. El recién elegido director de la prisión de Palma apuntó que "desconoce" los términos de la trama de corrupción, "sólo sé de ella a través de lo que han publicado los medios. Necesito conocer los datos de primera mano, sin ellos no puedo ni debo opinar. No sería lógico", concluyó el dirigente penitenciario.
La llegada de Avilés es consecuencia del nombramiento del antiguo director, Juan Fernando Díaz, como responsable de la primera Unidad de Madres que se ha creado en España, uno de los principales proyectos de la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.
En relación con la citada banda mafiosa integrada por los cinco funcionarios y seis reclusos introducían droga en la prisión, ésta proporcionaban teléfonos móviles a otros internos para que, a cambio de dinero, mantuvieran conversaciones no autorizadas por el reglamento del centro y extorsionaban a presos que no participaban en la trama de corrupción construida por ellos.
Según fuentes penitenciarias, varios de los funcionarios imputados ya habían sido expedientados y sancionados por comportamientos improcedentes.