El PSOE pide responsabilidades tras anularse la videovigilancia

M. DOPAZO El concejal socialista Manuel de Barros exige responsabilidades al equipo de gobierno del PP "por adjudicar un contrato que no es legal", en referencia la instalación de videovigilancia en cuatro parques y 58 colegios, que se adjudicó en 2006 y que el Gobierno central ha rechazado, tal como informó este periódico el pasado domingo.
De Barros señaló que el concurso ha provocado el consiguiente perjuicio a las tres empresas adjudicatarias y se preguntó "quién se va a hacer cargo de esto", subrayando que no se puede consentir que con el dinero de los ciudadanos se asuman los costes de una actuación que "no estaba legalizada, ya que se pidió el permiso a la Subdelegación del Gobierno cuando el contrato ya se había adjudicado", por lo que exigió responsabilidades.
El edil socialista recordó que "nosotros estamos seguros que de no haber sido por las denuncias de nuestro grupo, el Ayuntamiento ni siquiera hubiera elevado la consulta a la Subdelegación". También dijo que "no se puede permitir que se deje en manos de una empresa privada, sin ningún control ni límite, la grabación en parque públicos con videocámaras". En cuanto a la videovigilancia en colegios, el edil criticó que ni siquiera se pidiera permiso a los directores y a las Ampas.