El Gobierno rechaza el plan municipal de videovigilancia en 58 colegios y cuatro parques

MANUEL DOPAZO El Gobierno central, a través de la Delegación del Gobierno en Valencia, ha rechazado el proyecto municipal de instalar videovigilancia en cuatro parques de la ciudad y en 58 colegios públicos. La resolución advierte de que estas instalaciones de videocámaras son para "situaciones puntuales" y, con respecto a los centros escolares, se recalca que no se aporta el acuerdo del director y del Ampa (Asociación de Madres y Padres de Alumnos).

La resolución supone un duro revés contra el Ayuntamiento, que mantiene en espera la ejecución de este proyecto que fue adjudicado en diciembre de 2006 y que no llegó a implantarse en su momento porque el Ayuntamiento tuvo que solicitar autorización del gobierno central, ante la gran polémica que suscitó la instalación de videocámaras en los parques públicos para grabar prácticamente todo lo que sucede dentro del recinto de los mismos.

En la resolución de la Delegación del Gobierno de Valencia se señala que la Ley Orgánica del 4 de agosto de 1997 que regula estas instalaciones sostiene que "la autorización de la instalación será para situaciones puntuales, concretas y precisas", y añade que "las garantías que introduce la ley en el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad parten del establecimiento de un régimen de autorización previa".

En referencia al proyecto del Ayuntamiento de Alicante, la resolución afirma su "inidoneidad" porque se aporta un pliego de prescripciones técnicas particulares y porque "en el caso de los colegios, deberá aportarse el certificado del Ampa y del director de cada centro, en el que indique que no se tiene inconveniente en que se proceda a su instalación".

Esta resolución va a paralizar por más tiempo un proyecto que el Ayuntamiento adjudicó en la Junta de Gobierno Local del 26 de diciembre de 2006 a una unión temporal de empresas constituida por Seguridad Thron, Comagua y Aquagest por un importe de 343.651 euros. Fue una iniciativa del entonces edil de servicios y mantenimiento, Pablo Suárez, que sólo pidió la autorización del Gobierno central tras la polémica y denuncias de la oposición municipal y de colectivos ciudadanos, que entendían que la videovigilancia por empresas privadas vulnera el derecho a la intimidad de las personas.

Un sistema de control muy polémico

La decisión municipal de instalar la videovigilancia por empresas privadas en parques y colegios públicos provocó una gran polémica cuando se anunció la medida, en el año 2006. La oposición municipal, entonces integrada por PSOE y EU, expresó un rotundo rechazo contra la instalación de circuitos cerrados de televisión para grabar todo lo que acontece en parques y colegios públicos sin ningún control por parte policial. Ambos grupos denunciaron que se vulnera el derecho a la intimidad reconocido por la Constitución. El PSOE llegó incluso a amenazar con acudir al juzgado. En el Mercado Central un proyecto municipal similar fue cuestionado por los vendedores aunque hay institutos públicos que ya tienen videovigilancia.