Los ayuntamientos dan la espalda al plan judicial para aplicar las penas de tráfico

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ El plan de la Audiencia Provincial para potenciar las penas de trabajos en beneficio de la comunidad se ha encontrado con la falta de apoyo de los ayuntamientos para colaborar en el programa. Un mes después de que la Audiencia enviara cartas a catorce municipios de toda la provincia solicitando hasta 520 plazas en Protección Civil para aplicar las nuevas penas de tráfico, se ha encontrado con que tan sólo dos han contestado al requerimiento: San Vicente del Raspeig y Benidorm. No obstante, los servicios sociales penitenciarios han recibido llamadas de otros ayuntamientos manifestando su interés en el programa y que en futuro les remitirían un listado de plazas (Ibi, Elche, Torrevieja, Villena, Novelda y Elda). El objetivo de la Audiencia era contar con 40 plazas por municipio en Protección Civil para que los penados realicen trabajos de asistencia social en este cuerpo de voluntarios, que garanticen el carácter reeducador de la pena.

La Audiencia había dado un plazo de un mes a los ayuntamientos para contestar al requerimiento, pero éste finalizó el pasado viernes y tan sólo sobre la mesa estaban las ofertas de los municipios citados. San Vicente ofrece 40 plazas; y Benidorm otras 20 más, pero con la advertencia de que no hay un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier incidencia.

Ante esta falta de interés, la Audiencia ha vuelto a remitir otro escrito recalcando que la colaboración de los ayuntamiento es vital para que estas condenas por hechos leves no queden en papel mojado. En estos momentos, los servicios sociales penitenciarios necesitan 337 plazas para poder cumplir las penas de trabajos en beneficio de la comunidad por delitos relacionados con la seguridad vial. La ciudad que precisa mayor número de puestos es Alicante, con un total de 136 condenas. Las fuentes consultadas por este diario achacaron este hecho a que se trata de la ciudad con más población y con mayor número de juzgados.

La situación no es nueva, ya que ocurrió lo mismo cuando se creó la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en la reforma del Código Penal de hace cuatro años. La Audiencia pidió la colaboración de los ayuntamientos para crear las plaza. Aunque con retrasos al final los ayuntamientos requeridos acabaron colaborando, lo cierto es que las plazas ofertadas eran muy limitadas. Este hecho provocó listas de espera y que al final sólo se pudieran cumplir el 80 por ciento de las penas.

El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, reconoció que "los ayuntamientos no están obligados a colaborar, pero sin esta colaboración estas condenas no servirían para nada". La última reforma del Código Penal aprobada para endurecer las imprudencias de tráfico apuesta por las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que ha obligado a buscar más plazas para poder aplicar las condenas. En esa reforma se aplicaban penas de cárcel para las alcoholemias, el exceso de velocidad y la conducción sin carné. En la práctica, la prisión sólo se está aplicando para los casos graves, mientras que la mayoría de estas infracciones se solventan con multas o trabajos comunitarios.

En este sentido abogó porque se desarrolle la ley para concretar cómo se aplican los trabajos en beneficio de la comunidad, dado que se están encontrando numerosas lagunas legales. Fuentes judiciales señalaron que el ministerio del Interior tiene en marcha un estudio para asumir los gastos del seguro de responsabilidad civil y de Seguridad Social que tendrían que hacer los ayuntamientos para contratar a estos penados.

La Audiencia remitió la carta a los trece ayuntamientos que son cabecera de partido judicial para que cada penado pueda desempeñar los trabajos en su zona (Alicante, San Vicente, La Vila, Benidorm, Dénia, Torrevieja, Orihuela, Alcoy, Ibi, Elda, Novelda, Villena y Elche). A esta relación se invitó también al de Santa Pola, que se ha ofrecido a colaborar en otras ocasiones.

Al enviar una nueva remesa de cartas volviendo a pedir la colaboración, la Audiencia ha ampliado el número de municipios, al incluir a todos aquellos en los que hay habitantes que tienen pendiente cumplir la pena. Entre ellos se encuentran Sant Joan d'Alacant, El Campello, Cocentaina, Mutxamel, Petrer, Pilar de la Horadada y San Fulgencio.

Lagunas legales para ejecutar las sentencias

Los jueces de la provincia se han encontrado con otros problemas a la hora de aplicar los trabajos en beneficio de la comunidad. A la falta de puestos de trabajo, hay que añadir ahora lagunas legales para obligar a ejecutar la pena. Algunos jueces advierten que se trata de una pena voluntaria y que con la ley en la mano no se puede ordenar la detención del infractor que elude cumplir la prestación. La Audiencia ha adoptado el criterio de que estos infractores estarían cometiendo un delito de quebrantamiento de condena, lo que obligaría a acusarles de un nuevo delito e ingresarles en prisión. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.