El Consell eleva  la exigencia al Gobierno a más  de 700 millones

J. G. G. Siete mil millones más a repartir entre todas las autonomías, de los que a la Comunidad le corresponderían entre 700 y 800 millones. Ésta es la exigencia que hoy, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado en Madrid para hablar de la propuesta de financiación lanzada el jueves por el Gobierno, planteará el vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, según aseguraron ayer fuentes de su entorno. Camps, responsable de la ponencia económica del congreso del PP, acudirá a la reunión en su doble condición de conseller y portavoz oficioso de las autonomías en manos populares. No irá de vacío, ya que el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ha elaborado un informe de cara a la revisión del sistema. Los más de 700 millones de euros adicionales superan con creces los 500 millones que reivindicaron los populares en el acuerdo de las Corts del 21 de mayo.
Camps compareció ayer en rueda de prensa en las Cortes junto con el portavoz del PP, Ricardo Costa, para informar sobre una proposición no de ley de medidas contra la crisis. El debate financiero salió a relucir. La posición del Consell, avanzó Camps, será que el Estado ceda parte de sus recursos para financiar el aumento del gasto social que tienen las comunidades y que se ha visto agravado por el incremento de la población. Según explicó, mientras las obligaciones de gasto del Estado y por tanto de financiación han disminuido en los últimos años (sanidad, educación y servicios sociales están transferidos), las de las autonomías se han disparado, sobre todo en aquellas donde se concentra el aumento demográfico, como la valenciana.
Por ello, aunque al Gobierno le interesa que se traslade así, no hay "frentismos" ni guerra entre autonomías, sino que es un debate entre éstas y la Administración del Estado "sobre cómo se tienen que distribuir los recursos de todos, porque todos somos Estado, en un nuevo modelo", que, enfatizó, "tiene que nacer, se quiera o no, de la pérdida de recursos por parte de la Administración del Estado, que tienen que ser incrementos de recursos en favor de las comunidades". "Solbes intenta decir que la tarta es más pequeña y eso limita la capacidad del Gobierno para el reparto de la misma", criticó Camps en alusión a las "disponibilidades presupuestarias" a las que aludió el ministro como techo de los fondos a distribuir.