El Ayuntamiento rectifica y exigirá ahora el traslado de las harineras de Benalúa Sur

MANUEL DOPAZO Las protestas y movilizaciones de los trabajadores de las harineras parece que han hecho reflexionar al Ayuntamiento, hasta el punto de que ahora exigirá el traslado de la actividad de las harineras de Benalúa Sur, pese a que el convenio que suscribió el alcalde con las dos fábricas, en diciembre de 2002, sólo contemplaba el desmantelamiento de las mismas. Esta exigencia se incluye en una orden del gerente de Urbanismo, tras la decisión de la Concejalía de Urbanismo de licitar la urbanización de este suelo que integra la "unidad de ejecución número 2" del plan parcial Benalúa Sur.
El convenio que Luis Díaz Alperi y los titulares de las harineras Bufort y Cloquell firmaron el 27 de diciembre de 2002 establece que el Ayuntamiento compensará a las harineras con 10.200 metros cuadrados de suelo de Benalúa Sur, situado en la avenida de Elche y frente a los terrenos de la Estación de Murcia, "por soportar el desmantelamiento de las industrias". Para nada se hace referencia en el convenio al traslado de las fábricas y a la continuidad de la actividad. Un informe técnico municipal así lo subraya cuando señala textualmente que "el convenio suscrito inicialmente entre Ayuntamiento y propietarios no establecía de forma expresa la obligación de la continuidad de la actividad", aunque añade que en el pleno del 17 de enero de 2003, que aprobó dicho convenio, se incluye la frase "con el consiguiente traslado de las industrias existentes".
El Ayuntamiento, sin embargo, ha rectificado ahora, y así, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, ha dado órdenes por escrito a los técnicos municipales para que en la redacción de las bases para adjudicar la urbanización de estos terrenos se incluya "expresamente la obligación del efectivo traslado y posterior funcionamiento de las fábricas de harina existentes" como condición para asignarles los terrenos que como compensación se establece en el convenio ya citado.
El acuerdo para convocar el concurso y adjudicar la urbanización de estos terrenos se someterá al próximo pleno y se dictaminó ayer en la Comisión de Urbanismo, por procedimiento de urgencia, porque si el 28 no hay respuesta municipal las harineras pueden reclamar silencio administrativo al cumplirse los tres meses desde que solicitaron este concurso.
Por el PSOE, la edil Loles Fernández criticó a Sonia Castedo por tramitar por urgencia asuntos de tanta relevancia, lo que impide a la oposición estudiarlos a fondo.