F. J. BENITO
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó presentó el viernes en el Ministerio de Medio Ambiente un expediente de procedimiento de responsabilidad patrimonial por el que le reclama cinco millones de euros en concepto de las pérdidas que, según la Junta, han sufrido los regantes del Vinalopó y l´Alacantí al no haberse finalizado el trasvase en marzo de 2007, la fecha oficial acordada el 13 de julio de 2001 cuando se aprobó el proyecto original con el trazado Cortes de Pallás-Villena.
La Junta divide la cantidad reclamada en dos partidas: los 806.000 euros que debe a Caja Mediterráneo por los gastos de tramitación del crédito sindicado de 75 millones de euros (18 de marzo de 2003) que tuvo que suscribir para pagar su parte de las obras y, por otro lado, los 3,6 millones del sobrecoste económico que ha supuesto a los agricultores el tener que seguir extrayendo agua de los acuíferos durante los últimos 15 meses. El expediente dirigido a la ministra Elena Espinosa está acompañado de un completo informe realizado por el Instituto Universitario del Agua de Murcia que dirige el catedrático Francisco Cabezas, uno de los referentes del tema hídrico en España y autor intelectual del Plan Hidrológico Nacional que aprobó el Gobierno de Aznar. Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios, señaló que "hemos aguantado la presentación de la reclamación hasta última hora pero después de ver que el Gobierno nos sigue ninguneando, porque ni nos coge el teléfono, no nos deja otra salida". Martínez añadió que, según sus estimaciones, las obras del trasvase pueden dilatarse hasta 2015, "por lo que vamos a ir actualizando las pérdidas mes a mes y llegada esa fecha éstas pueden alcanzar los 109 millones de euros". Si el Ministerio de Medio Ambiente no responde acudirán a la justicia ordinaria.
Los técnicos que han redactado el informe remitido a Elena Espinosa estiman que el sobrecoste que tienen que hacer frente los regantes por no poder contar con el agua del trasvase es de 0,03659 euros por metro cúbico. Cantidad que multiplicada por los 80 millones de metros cúbicos que iban a llegar cada año -parte para el abastecimiento urbano y parte para el regadío- alcanza ahora mismo los 3,6 millones de euros "aunque se ampliará a media que vaya pasando el tiempo", subrayó Andrés Martínez.
La reclamación patrimonial que plantea ahora la Junta Central reabre, por otro lado, las hostilidades de los regantes contra el Ministerio de Medio Ambiente tras el margen de confianza concedido al nuevo equipo del Ministerio de Medio Ambiente tras el relevo de Cristina Narbona y que ahora se rompe por la falta de comunicación oficial. La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó llegó a remitir un informe a Espinosa en el que trataba de demostrar que se puede cambiar la toma del agua del trasvase del Azud de la Marquesa a Antella, opción que defienden los usuarios alicantinos, sin perjudicar los aportes hídricos a la Albufera ni afectar al caudal ecológico del río. El cambio propuesto recortaba, además, unos 50 kilómetros la longitud del trazado en obras y, sobre todo, conseguía el objetivo original del proyecto: que el Vinalopó, l´Alacantí y la Marina Baixa pudieran recibir agua potable, apta para riego y consumo urbano. Los usuarios sostienen que de esta forma se garantizan 150 hm3 anuales para la Albufera y un caudal ecológico de 7 m3/segundo para el Júcar.
El presidente de los usuarios alicantinos enmarcó la propuesta en un nuevo intento por recuperar el diálogo perdido hace dos años con el Gobierno. De aceptarse la propuesta, la Junta hubiera retirado los contenciosos abiertos en el Juzgado y la campaña de recogida de firmas para reclamar el cambio de toma. Tres meses después y sin que Madrid haya movido un metro su posición, la Junta Central reactiva sus movilizaciones para conseguir, como mínimo, una doble toma del agua para el trasvase.
El Ministerio de Medio Ambiente prevé, a diferencia de la fecha de 2015 que sostienen lo regantes, que el trasvase Júcar-Vinalopó empiece a enviar los primeros caudales a la provincia en el primer trimestre de 2009, una vez que concluyan las obras de los cinco tramos que comenzaron a ejecutarse en julio de 2007 y cuyos trabajos comienzan ya notarse en muchas zonas del nuevo trazado que llevará el agua desde Cullera al embalse de San Diego, en Villena. La ejecución del polémico trasvase alcanza en estos momentos casi el 44%, porcentaje en el que se incluyen los tres tramos del proyecto original cuyas obras estaban más avanzadas cuando se modificó el trazado y que hoy ya han finalizado. "De ahí el porcentaje tan positivo pero ficticio", según Andrés Martínez.
Acuamed ha certificado obras por valor de 152 millones y asegura que cumple los plazos establecidos, por lo que confía en que la canalización sea un hecho, incluso, a finales de año, con lo que comenzarían las pruebas para a partir de la primavera de 2009 se iniciara el envío de los 80 hm3. El Ministerio está convencido que la polémica desaparecerá cuando llegue el agua.