El Seprona advierte al fiscal del riesgo para la salud por la actividad en el muelle 17

CLARA R. FORNER Un informe que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha remitido al fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial advierte sobre el riesgo que puede suponer para las personas la actividad de carga y descarga de graneles que se realiza en el muelle 17 del Puerto de Alicante. El documento -al que ha tenido acceso este diario- pone de manifiesto que, a pesar de las continuas denuncias de los vecinos del entorno, ninguna administración se encarga de llevar a cabo un control periódico de estas actividades que, además, carecen de autorización del Ministerio de Industria.
El Seprona ha remitido al fiscal el resultado de la investigación que realizó entre los días 3 de marzo y el 4 de junio de este año a raíz de una denuncia presentada por el presidente de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto, Manuel Alcón Domínguez. El informe es tan contundente que el fiscal ha decidido reabrir la investigación sobre la situación medioambiental de esta parte del litoral alicantino.
Entre otras pesquisas realizadas por los agentes de la Guardia Civil, durante cinco días efectuaron mediciones de partículas P10, es decir, de la concentración de unas partículas indicativas de la calidad del aire en la atmósfera que, por su diámetro, pueden atravesar la laringe. Dos de esos cinco días se superó el máximo permitido (se alcanzaron niveles de 57,1 y 62,9, pese a que no se debe sobrepasar un máximo de 50 durante más de 35 días al año).
El Seprona manifiesta en su informe que ha consultado al eco-toxicólogo Luis Burillo, perito del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, quien les ha comunicado lo siguiente: "Si estos índices elevados continúan en el tiempo puede suponer un grave riesgo para las personas, aunque siempre en función de la exposición y de la sensibilidad individual".
El documento reconoce que sólo se han tomado cinco muestras durante cinco días pero apunta que, si aun así en dos jornadas se han detectado resultados superiores a los valores límite establecidos, "la proporción en principio es más que significativa de lo que pudieran estar respirando los vecinos afectados".
El Instituto Armado apunta que las actividades "pulverulentas" del muelle 17 figuran como grupo A en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera que regula la Ley 34/2007 de 15 de noviembre. Y, sin embargo, "estas actividades no han sido (al menos hasta la elaboración del informe) inspeccionadas por ninguna Administración estatal, autonómica ni local, ni tampoco por ningún organismo colaborador de la Administración". Todo ello, agrega, a pesar de que, por tener la citada catalogación, "deberían haber sido inspeccionadas cada dos años". Las empresas que operan en esta zona portuaria son Alicante Port S. L., Bergé Marítima S. A. y Cesa Alicante S. A. Pero estas mercantiles "no están efectuando ningún control de emisiones" y, por tanto, carecen del registro obligatorio, indica la Guardia Civil. No obstante, el Puerto sí ha instalado este año un medidor de partículas.

Permisos
El Seprona también informa de que las tres empresas "carecen de autorización administrativa". El único permiso del que disponen, agrega el documento, "es una renovación de la licencia provisional expedida por la Autoridad Portuaria". Entre otras carencias, el informe también evidencia la ausencia de autorización de puesta en marcha por parte del Ministerio de Industria.
Por otra parte, cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil realizaron la inspección ocular, los materiales que se manipulaban no estaban humedecidos, ni había lonas o pantallas cortavientos para evitar que evitaran la suspensión de partículas en el aire.

Los vecinos exigen el cese de la actividad

El presidente de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur-Puerto, Manuel Alcón, ha anunciado que el próximo martes se reunirá con la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, a quien solicitará que ordene el cese de la actividad, en vista del demoledor informe del Seprona.
Tras conocer que el fiscal ha decidido reabrir el caso, Alcón manifestó: "Ya era hora de que por fin al Puerto le den donde más le duele, pues ellos siempre han mantenido que cumplen el manual de buenas prácticas, pero a ellos sólo les interesa lo económico mientras que la salud de los vecinos les importa un bledo".
El portavoz vecinal expresa su esperanza de que "al final se vaya a hacer justicia", pues recuerda la larga lucha que mantienen los vecinos de los barrios próximos a la zona de ampliación del Puerto para conseguir su recuperación medioambiental. Como se recordará, los colectivos ciudadanos han luchado contra la planta de biodiésel y los vertidos tanto en el barranco de San Gabriel como en las proximidades de la playa.
Para Alcón, el hecho de que las empresas dispongan de autorización provisional de la Autoridad Portuaria les da la razón en que "es la responsable directa de lo que nos está pasando a los vecinos".