MANUEL DOPAZO
En su escrito, la entidad ferroviaria califica de "contrario a derecho" dicho decreto y anuncia su intención de acudir a los tribunales si no es anulado.
El escrito de Adif, suscrito por el delegado de Patrimonio y Urbanismo de la Comunidad Valenciana, José Carlos Domínguez, es la réplica al decreto municipal del 23 de mayo pasado, en el que Llorens le concedía diez días para sanear la Estación de Murcia y seis meses para empezar a rehabilitarla.
Con respecto a la orden de limpiar y sanear el inmueble, Adif responde que dichas exigencias "deben considerarse cumplimentadas, resultando incluso que algunas de ellas, como el saneamiento de elementos con riesgo de caída, el retapiado y la limpieza, se iniciaron en fecha anterior" a un primer decreto de Alcaldía, del 10 de abril de este año, en el que se le ordenaba a Adif estas medidas. A este respecto hay que señalar que el 10 de abril, el mismo día del decreto y sin que éste por tanto se le hubiera aún notificado, personal de Adif comenzó a limpiar el edificio tal como publicaba este periódico al día siguiente con imágenes de los trabajos.
En cuanto al plazo de seis meses para iniciar la restauración de la Estación, el escrito de Adif responde que "resulta de imposible cumplimiento", al recalcar que "el inicio de las obras requiere un proyecto previo", y que la redacción del mismo y la adjudicación de las obras "han de someterse por imperativo legal a los correspondientes concursos, con el cumplimiento de los correspondientes plazos legales dada la condición de entidad pública empresarial de Adif".
En relación al deterioro y degradación del entorno de la Estación, Adif insiste en echar la culpa al Ayuntamiento por no haber ejecutado el Plan Especial del Puerto y rechaza las declaraciones de Andrés Llorens, del pasado 26 de mayo, en las que indicaba que es la Autoridad Portuaria quien debe desarrollar este plan. Al respecto, Adif señala que esta responsabilidad del Puerto "ha de considerarse de dudosa legalidad desde el momento que el ámbito de la Operación Intregrada número 3 es mayor que el de los suelos estrictamente portuarios, por lo que debe entenderse que las competencias corresponden al Ayuntamiento".
A este respecto la entidad ferroviaria subraya que el Plan Especial del Puerto tendría que haberse ejecutado en seis años, "periodo que se ha incumplido flagrantemente", y exime de toda responsabilidad a Adif por ser propietaria de sólo el 11 por ciento de toda al zona.
Adif añade en este punto que "a la Autoridad Portuaria le vienen asignadas las competencias por la Ley de Puertos del Estado, para los desarrollos urbanísticos de los suelos afectos a la actividad portuaria, pero dichas competencias no pueden extenderse a terceros incluidos en el ámbito de actuación".
El recurso de Adif concluye solicitando que se anule el decreto municipal y advierte que en caso contrario recurrirá al contencioso-administrativo ante los tribunales.