Magro propone acusar de quebrantamiento de condena a los penados de tráfico rebeldes

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ La Audiencia Provincial propuso ayer que se condene por quebrantamiento de condena a los penados que eluden cumplir los trabajos comunitarios por delitos de tráfico, asi como hacer listas negras de los rebeldes. Los jueces han recuperado un criterio fijado hace cuatro años ante las lagunas legales detectadas por los juzgados de lo penal que pueden permitir eludir cumplir las penas. De llegarse a este extremo, la pena de trabajos comunitarios se quedaría sin cumplir, pero se impondría una pena de seis meses a un año prisión por haber cometido otro delito.

Una de las pegas principales que se planteaba son las dudas de si se puede acusar de quebrantamiento de condena a alguien, si no ha empezado a cumplir ninguna pena. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, aseguró ayer que "hay delito de quebrantamiento de condena si antes de que se le ponga la sentencia el penado ha dicho que está dispuesto a cumplir la prestación". Magro también apuntó la posibilidad de que se hagan listas de penados rebeldes para que los fiscales controlen a quienes eluden cumplir la pena.

La solución planteada por la Audiencia recupera un criterio adoptado hace cuatro años, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal que creaba los trabajos en beneficio de la comunidad. Entonces eran los condenados por malos tratos quienes propiciaban los problemas.

La diferencia entonces era que el juez daba a elegir entre pena de prisión o trabajos comunitarios. Si el reo se negaba a los trabajos, entonces iba a prisión. Con los delitos de tráfico, la prisión se reserva para los casos graves y se apuesta por penas alternativas como multas y trabajos en beneficio de la comunidad. Los jueces alertaban de que al no haber pena de prisión no se podía encarcelar a los penados rebeldes.

El criterio que se adaptó entonces para los maltratadores se ha extendido ahora al caso de tráfico. Según Magro, "una persona que ha dicho que acepta hacer el trabajo y luego no va, está cometiendo un fraude de ley y un delito". El presidente de la Audiencia señaló que sería deseable una reforma legal que aclare todas estas lagunas para aplicar la ley, "porque éste es el criterio que hemos aplicado aquí. En otra provincia los jueces pueden resolver algo totalmente diferente".

Más de 1.300 condenas en un año en la provincia

Los servicios sociales penitenciarios recibieron el año pasado cerca de 1.300 condenas a trabajos en beneficio de la comunidad relacionados por delitos contra la seguridad vial. Las imprudencias al volante han pasado a ser la principal causa de condena a estos trabajos. Hasta ahora, el principal problema que se estaba dando era la falta de plazas disponibles para cumplir estas sentencias. Más del 80 por ciento de las condenas estaban bloqueadas por esa circunstancia. La Audiencia está pidiendo a los ayuntamiento la creación de plazas en Protección Civil para poder llevarlas a la práctica. "Debemos potenciar estas penas porque cumplen una función de reinserción muy positiva", explicó Magro.