La Diputación entra en el negocio urbanístico

P. ROSTOLL La Diputación ha entrado de lleno en el negocio urbanístico. A través de la empresa pública Proaguas, la corporación provincial presentó ayer un ambicioso plan de actuación que le permitirá asumir competencias en materia de asesoramiento a municipios, gestión de suelo, desarrollo de planes urbanísticos y construcción de vivienda protegida. El presidente Joaquín Ripoll, de esta manera, cumple con uno de sus compromisos de investidura que preveía ampliar las competencias de la sociedad pública, hasta ahora dedicada en exclusiva a la ejecución de obras hídricas, para que funcionara también como una especie de Suma dedicado a colaborar con la gestión urbanística, especialmente, de los municipios más pequeños y también medianos que no suelen contar ni con personal cualificado ni con especialistas en urbanismo.
La presentación oficial se realizó ayer en presencia de alcaldes y de cargos de la Generalitat, socia de la Diputación en la parte de esta iniciativa que facilitará la construcción de VPO. "Será una herramienta ágil", apuntó el presidente de la corporación, José Joaquín Ripoll, durante la presentación de este nuevo departamento que la institución provincial ha dotado con la contratación de un arquitecto, auxiliares de administrativo y un abogado. Durante el último tramo del mandato de Julio de España en la Diputación, el entonces inquilino del Palacio Provincial promovió un cambio de estatutos de la mercantil pública para que pudiera convertirse en agente urbanizador. El objetivo era que desarrollara un plan parcial que permitiera a la Diputación conseguir fondos suficientes para construir un nuevo servicio de salud mental provincial.
Ahora, sin embargo, esa modificación legal es la que va a permitir iniciar una nueva etapa en la empresa de la Diputación que compaginará su cometido original con las nuevas competencias urbanísticas. Al margen de la elaboración de un mapa de actuación que permitirá que cada municipio disponga de un plan de vivienda propio a través de convenios, la gran novedad del proyecto, sin duda, será la capacidad de la sociedad para desarrollar planes urbanísticos. Ripoll precisó que, en ningún caso, "la Diputación no quiere entrometerse en la labor de los municipios". Esta oficina técnica aportará la experiencia a los ayuntamientos, sobre todo a los que carecen de un servicio urbanístico propio, indicó el titular de la corporación.
En este sentido, por ejemplo, la institución se ofrecerá a poner en marcha planes urbanísticos reservados a la iniciativa municipal e, incluso, que podrían ser desarrollados por la iniciativa privada. De esta manera, por ejemplo, Proaguas ya está trabajando, entre otros, con el Ayuntamiento de Onil y podría asumir la ejecución de un PAI que la localidad ha tenido numerosos problemas para poner en marcha. El gerente de Proaguas Costablanca, Fernando Modrego, un experto urbanista, por su parte, garantizó durante el acto de presentación que la empresa cuenta con "medios humanos y técnicos de primer nivel" para poder asesorar y orientar a los diversos ayuntamientos en materia de urbanismo. Modrego, conseller con Eduardo Zaplana en la Generalitat, consideró "importante" que los municipios tengan un "planteamiento urbanístico moderno" y garantizar la construcción de vivienda protegida. Hay ochenta municipios, señala la Diputación, que no han construido VPO en los últimos treinta años. "Cada vez hay más demanda de terreno y son los ayuntamientos los que tienen que dar servicio a los ciudadanos", recordó Modrego.

Una firma que reinvierte sus beneficios

Proaguas es una sociedad pública, de capital suscrito íntegramente por la Diputación, creada, en su día, por los socialistas para agilizar la construcción de obras hídricas. La intención de los mandatarios del PSPV como después del PP ha sido mantener la sociedad, siempre, al margen de disputas políticas. Y de hecho, en contadas ocasiones, los diferentes partidos que han tenido presencia en el hemiciclo provincial han hecho oposición con la gestión de la sociedad pública dirigida, desde su nacimiento, por técnicos y con escasa influencia política. En principio, la intención de la Diputación, apuntaron fuentes provinciales, es pagar, con los beneficios que se obtenga de la acción urbanística, el coste del servicio e, incluso, si es preciso, ampliarlo. En todo caso, los beneficios de la sociedad pública, que han sido una constante a lo largo de los últimos años, serían reinvertidos en acciones y obras a desarrollar en los diferentes municipios de las comarcas alicantinas.