El plan de alquiler joven despega en la provincia pese a las trabas del Consell

J. E. M. Lentamente, el plan de fomento del alquiler para jóvenes del Gobierno -también conocido como Renta Básica de Emancipación- comienza a despegar en la provincia y el resto de la Comunidad Valenciana, a pesar de las trabas impuestas desde el comienzo por el Consell. De hecho, la Generalitat sigue siendo la institución que más requisitos reclama a los solicitantes de estas ayudas -un total de 17 documentos frente a los tres que exige Andalucía y los seis de Cataluña-. Además, el Consell ha sido uno de los últimos gobiernos autonómicos en dar carta de naturaleza oficial a esta iniciativa, toda vez que ha tardado cuatro meses en publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el convenio firmado con el Ejecutivo central por el que se regula la concesión de una ayuda directa de 210 euros mensuales durante un máximo de cuatro años para jóvenes de entre 22 y 30 años cuyos ingresos no superen los 22.000 euros al año y sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual.

Pese a todas estas "trabas y dificultades", como las define la portavoz de Vivienda del PSPV en las Cortes Valencianas -María José Salvador-, la Comunidad es a fecha 30 de junio la tercera en número de beneficiarios (2.186 en total) desde que entrara en vigor este programa el 1 de enero, sólo superada por Andalucía (2.873 ayudas) y Castilla-La Mancha (2.860).

Tras unos inicios peor que renqueantes -con apenas 25 solicitudes aprobadas en la provincia de Alicante en el primer mes- el plan ha acelerado en las últimas semanas en la Comunidad a un ritmo muy superior, aunque todavía "insuficiente", según Salvador, toda vez que las 3.000 resoluciones positivas en el conjunto de la Comunidad en los cinco primeros meses están muy lejos del promedio previsto por el Gobierno, que fija en 42.000 los jóvenes que pueden beneficiarse de estas ayudas en 2008 con una inversión estatal de 130 millones de euros. Transcurrido el primer trimestre del año, en la provincia se habían pagado 321 ayudas, en Valencia 787 -la cifra más alta de España- y 126 en Castellón.

Con todo, el Consell tiene presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias al Gobierno por considerar que este decreto de Renta Básica invade sus atribuciones. "La Generalitat sigue instalada en la trinchera de la oposición frontal contra las iniciativas de Zapatero", se lamentó Salvador, que también criticó la "falta de diligencia" del Consell a la hora de poner en servicio las ventanillas únicas de gestión para tramitar las ayudas previstas en este decreto, al que se acogen una media diaria de 1.000 jóvenes en España, según los datos del Ministerio de la Vivienda.