EFE
Así lo ha demostrado con la materia de Educación para la Ciudadanía al dar cobertura, por un lado, a los padres que incumplen la ley como los objetores a EpC con la opción B y, por contra, al ignorar y repudiar a los que exigen el derecho a la educación en la lengua propia en una materia nueva en la enseñanza como es EpC.
Por ello, los representantes de las AMPA de la escuela pública denuncian el trato discriminatorio que se ha evidenciado con el anuncio de la Secretaría Autonómica de Educación Concha Gómez, de dejar olvidadas en un cajón las más de 5000 solicitudes de madres y padres que quieren que sus hijos y hijas estudien la materia en valenciano o en castellano.
Una vez más, manifiestan que impartir una asignatura en un idioma que no domina el alumnado, por la falta de medios y profesorado de idioma extranjero, es una manera de invalidarla de facto, como lo es también el hecho de eliminar del temario aquellos temas "tabú" para la educación católica y apostólica como por ejemplo la sexualidad, la diversidad social y la convivencia.
Otro fraude de ley es el hecho de ofrecer la posibilidad de aprobar la materia con un trabajo trimestral, sobre un tema elegido por los padres, amparando la objección.
Por ello, la Gonzalo Anaya denuncia que la orden valenciana de EpC es una "burla" a los valores democráticos y a la educación pública, como lo son también las continúas declaraciones de Fuente de Mora que atentan contra la participación en la escuela de los padres y madres.
También denuncian el atentado del gobierno autonómico a la participación y al movimiento asociativo de padres y madres de la escuela pública al manifestar públicamente que la Confederación Gonzalo Anaya de APA no tiene representación tratando de borrar la legitimidad que le otorgaron las urnas de las elecciones a consejos escolares, fruto del trabajo intenso de FAPA-València, FAPA Castellón Penayagolosa y FAPA Enric Valor Alacant.
Estas declaraciones que intentan poner en duda la representatividad de la Gonzalo Anaya caen por su propio peso ya que la organización cuenta con la adscripción de más de un millar de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública a las Federaciones, datos contrastados en los censos que le convierten sin lugar a dudas en el ente mayoritario.
Por estas agresiones constantes a la enseñanza pública y al movimiento asociativo de padres y madres de alumnos, la Confederación Gonzalo Anaya de AMPA espera que el Tribunal ilegalice la orden de Educación para la Ciudadanía parar evitar que miles de escolares de segundo de ESO sean víctimas de la utilización política de la educación por parte del gobernantes autonómicos.