La entonces síndica en funciones, Emilia Caballero, inició de oficio una investigación tras el desalojo, el pasado 4 de febrero, de cuatro bloques de viviendas públicas cedidas en régimen de arrendamiento, por problemas de titularidad en las casas, falta de higiene y posible comisión de delitos.
El desalojo, en el que intervino un centenar de policías, se produjo por orden judicial y a petición del IVVSA, titular de las casas, al que se le recrimina la falta de dispositivos propios de diagnóstico y seguimiento de usuarios de sus casas, lo que supone un incumplimiento de la legislación en materia de vivienda social.
En su escrito, la Sindicatura critica que los desalojos se hicieron "por sorpresa", generando "situaciones de desprotección grave al verse en la calle personas adultas, ancianos y niños" sin que se les garantizase "techo, abrigo y alimentación", salvo la cesión de locales para guardar sus muebles y enseres domésticos.
Las críticas también van dirigidas al Ayuntamiento de Alicante, por no haber diseñado ni realizado "un plan de intervención social integral previo al desalojo en el Barrio del Carmen", lo que en su opinión supone un incumplimiento de los deberes que a los consistorios encomienda la ley de Servicios Sociales.
"Ni el IVVSA ni el Ayuntamiento de Alicante previeron alternativas para las personas desalojadas, lo cual creó una diáspora entre muchas de ellas de las que se desconoce el paradero y la estancia de otras en centros de emergencia. En definitiva, se solucionó un problema y se creó otro", se concluye.
La Sindicatura también advierte de que ni el Ayuntamiento ni la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de la que depende el IVVSA, le facilitó toda la información que solicitó y señala que esta "falta de colaboración" le ha impedido conocer "extremos tan importantes" como los motivos del desalojo.
Caballero sí elogia la actitud de la Conselleria de Bienestar Social, de la que asegura que desde el principio ofreció su colaboración dentro de sus competencias, aunque advierte de que "cuestión distinta" es si "promueve acciones, como hizo en épocas pasadas, sobre los denominados barrios de actuación preferente".
"La erradicación de la vivienda precaria no puede consistir exclusivamente en el desalojo de infraviviendas y chabolas y la dación de viviendas de nueva planta, celebrando con la entrega de llaves de estas últimas la actuación administrativa", afirma para recordar que hay colectivos que requieren "un seguimiento social".
En sus recomendaciones, la Sindicatura recuerda al Ayuntamiento su deber legal de actuar de oficio ante situaciones de riesgo social y a la Conselleria de Urbanismo que modifique el reglamento de Protección Pública a la Vivienda, para que en la notificación de desalojo conste la fecha prevista para el mismo.
Asimismo, sugiere que se dote al IVVSA de dispositivos sociales, que cuando vaya a realizar desalojos masivos "prevea medios alternativos de realojo a fin de que no se vuelvan a producir situaciones como la descrita" y que los planes de vivienda incluyan estudios de impacto social.
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