El Gobierno recurre la orden del Consell sobre Educación para la Ciudadanía

REDACCIÓN El Gobierno recurrió ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la orden del Consell sobre Educación para la Ciudadanía (EpC) y solicitó tanto su nulidad de pleno derecho como la suspensión cautelar "porque perjudicaría a los alumnos".
Que EpC se imparta en inglés no forma parte del recurso presentado a través del Ministerio de Educación, que pone el acento en que la orden de la Comunidad "incumple la Ley Orgánica de Educación (LOE), asume competencias propias de los centros educativos, divide a los alumnos y dificulta que completen los objetivos de la etapa". Publicada el pasado 10 de junio, la normativa de EpC del Consell establece varias formas de organización pedagógica para impartir la materia en segundo de ESO el curso que viene y es ahí donde incide el recurso gubernamental.
El ministerio mantiene que el Consell regula medidas "relacionadas con la objeción de conciencia a esa asignatura", en contra de la LOE, de la Constitución y de numerosas sentencias del Constitucional "que en ningún caso autoriza esta posibilidad". Se refiere a la opción B que se ofrece a los padres para que sus hijos hagan trabajos trimestrales con temas elegidos por las familias. "Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica y no pueden alterarse", contempla el recurso.
La secretaria de Estado de Educación y Formación, Eva Almunia, pidió al conseller Font de Mora "respeto a la Ley y a la comunidad educativa" recordando que "más de 200.000 alumnos de siete comunidades autónomas han cursado ya la asignatura con normalidad. Familias, centros y alumnos han demostrado una responsabilidad de la que el Gobierno valenciano carece", dijo. Terminó calificando la iniciativa de Camps de "ocurrencia que parece no tener fin y que ha provocado el enfrentamiento de toda la comunidad educativa".
Los sindicatos, entre los que CC OO y STEPV también han presentado recursos, opinan que el del Gobierno "demuestra que la orden del Consell es claramente ilegal" y lo consideran un "apoyo moral para los docentes".