EFE
El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Francisco del Amor, dijo hoy en rueda de prensa que lamentó que en esta materia todavía hoy continúe sin resolverse definitivamente, y que haya un debate basado en la territorialidad y patrimonialización del recurso que genere tensiones y posiciones encontradas.
"Las transferencias de aguas constituyen en la actualidad la gran asignatura pendiente que impide realizar, a medio y largo plazo, una planificación hidrológica estatal que posibilite la superación de los déficits existentes", señala el documento.
El escrito incluye un decálogo en el que se afirma que el agua es un bien público escaso y con disigual distribución geográfica que es esencial para la vida, y subraya que las medidas de ahorro, eficacia y eficiencia deben ser objeto de una atención prioritaria.
Además se indica que la "politización territorial del agua está dando lugar a graves tensiones que generan problemas de insolidaridad", por lo que resulta "imprescindible un Pacto de Estado sobre el Agua que establezca las líneas maestras de su utilización y permita un aprovechamiento racional y consensuado de todos los recursos hídricos en el conjunto del Estado".
De la desalación se advierte que su coste impide que pueda constituir una alternativa económicamente viable para la actividad agraria, "si bien puede ser un recurso complementario a dicho fin, siempre que la disposición mayoritaria de aguas continentales permita una moderación de los costes".
El principal punto del decálogo es el secto en el que se pide la interconexión de cuencas "como una alternativa más para superar los déficits de agua existentes en el conjunto del Estado", y en este sentido, el punto séptimo recuerda que en la cuenca del Segura hay un déficit estructural de 460 hectómetros cubicos de agua.
Se puntualiza que "cualquier transferencia de recursos excedentarios debe basarse en la preferencia de la cuenca cedente, con la debida garantía de todas sus demandas actuales y futuras, incluidas las medioambientales, y con respeto a los principios de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y vertebración del territorio".
El ámbito interterritorial de los trasvases y su materialización en un espacio temporal que abarcaría más de una legislatura constituye la razón fundamental que justifica la petición del citado pacto de Estado, añadió Del Amor.
Al final del documento se apunta que la cuenca del Segura está a la vanguardia de la implantación de medidas de ahorro, eficiencia y reutilización del agua, que el trasvase Tajo-Segura es "vital" para Murcia, Alicante y Almería, e "imprescindible para el abastecimiento humano y sobre todo para el regadío", y se anuncia una firme oposición a cualquier propuesta o actuación en su contra.
Diecisiete personas han firmado este documento, además de Del Amor, el representante alicantino del SCRATS Manuel Serrano, y el almeriense Fernando Rubio, así como David Bricio, de la junta de regantes del Vinalopó y la Marina Baja.
También se adhirieron el resto de integrantes del denominado "Comité de Crisis del Segura", entre ellos José García, de la patronal CROEM; Miguel Durán, de Proexport; Antonio López, de UGT; José Cánovas, de CCOO; Marcos Alarcón, de UPA; Alfonso Gálvez, de ASAJA; Pedro Lencina, de COAG; Fernando Gómez, de Apoexpa; Santiago Martínez, de Fecoam, y Ginés Calvo, de Fecamur.
Del Amor confió en el éxito de esta iniciativa, ya que no encuentra contradicción con las políticas que se plantean en la planificación hidrológica nacional, y en cuanto a un futuro trasvase, el documento no señala uno en concreto ni tampoco menciona al del Ebro.