Un centenar de menores pasa cada año ante el juez por agredir a sus padres

N. IGLESIAS Los episodios de violencia familiar en los que el agresor es menor de edad representan una realidad cada vez más presente en los juzgados de la provincia. Un centenar de jóvenes rindieron cuentas el pasado año ante la justicia por delitos relacionados con la violencia de género o por agresiones a sus progenitores. Las cifras, lejos de aminorarse, se consolidan, ya que según fuentes judiciales, la entrada de casos durante el primer trimestre del año ronda los parámetros del ejercicio anterior con una media de diez asuntos por juzgado.
Los profesionales advierten además de la entrada en una época del año "complicada" como son las vacaciones estivales en las que los temas relacionados con la violencia en el seno familiar, especialmente de hijos a padres y de nietos a abuelos, registra un repunte, por el "aumento de las horas de convivencia", sostienen las mismas fuentes. Entre las conductas delictivas despuntan también las agresiones entre parejas. Un tipo de actos por los que el año pasado un total de trece menores fueron puestos a disposición judicial, según el último balance aportado por la Fiscalía.
Ante estos números, los especialistas en el área de menores han demandado a la Conselleria de Justicia la creación y mejora de los espacios destinados a la reinserción de los adolescentes. Entre las medidas exigidas desde los tres juzgados del área con los que opera la provincia figura la puesta en marcha de viviendas específicas para tratar a aquellos jóvenes sobre los que pesan medidas judiciales; en concreto, las catalogadas como "convivencia con grupo educativo".
La creación de estos inmuebles permitiría, según las fuentes consutadas, avanzar en la "reinserción" de los adolescentes, a través de la convivencia con un grupo reducido de niños en similares circunstancias y bajo la supervisión día y noche de equipos educadores. El goteo de causas que llegan a los juzgados avala la apuesta por esta medida que "ha cosechado importantes éxitos en otras comunidades autónomas", donde los pisos ya funcionan desde hace años.
La particularidad de estos centros, explican, radica en que los jóvenes continúan haciendo una "vida relativamente normal, sin necesidad de romper su rutina escolar", con la diferencia de que durante el periodo establecido por el juez, el menor es apartado de su núcleo familiar "donde se encuentra el foco del conflicto" e inicia una convivencia bajo la supervisión de profesionales.
Esta iniciativa ya funciona en puntos como Cataluña o Andalucía, donde cifran en un 70% la tasa de éxito entre los adolescentes ya que el objetivo, precisan, es que los "jóvenes regresen a sus casas pero en condiciones diferentes con las que salieron y no vuelvan a reincidir", y todo ello en un marco "diferente a lo que supone cumplir las medidas en un centro de internamiento".
En esta línea, los jueces piden también el refuerzo de las medidas y de los equipos de mediación, al considerar esta vía "una opción positiva" que permite, en muchos casos, no tener que llegar a juicio.