Las plazas en residencias disminuyen pese al dinero de la Ley de Dependencia

ÁFRICA PRADO La provincia de Alicante ha disminuido levemente -35 en el último año- el número de plazas subvencionadas por la Generalitat en residencias de tercera edad, a pesar de las aportaciones realizadas por el Gobierno central para la aplicación de la Ley de Dependencia, que en 2007 ascendieron a 21,2 millones para la Comunidad Valenciana.
Según varias respuestas de la Conselleria de Bienestar Social al diputado socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, la provincia de Alicante contaba en diciembre de 2006 con 4.254 plazas en residencias financiadas total o parcialmente por la Generalitat. De ellas, 1.777 pertenecían a 17 residencias públicas; 1.901 eran plazas subvencionadas a través del bono residencia en 50 residencias privadas y 576 a plazas de accesibilidad subvencionadas en 13 centros.
Un año después, a fecha de diciembre de 2007, las plazas subvencionadas por Bienestar Social no sólo no han crecido sino que incluso han disminuido ligeramente en 35 plazas, con un total de 4.219, de acuerdo con la información de la Generalitat
Todo ello se produce a pesar de que el pasado año el Gobierno central destinó 21,2 millones de euros para financiar el Sistema de Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana (que recibió el 9,6% del total de fondos estatales -220 millones-) y otros 4 millones por cada expediente valorado de persona dependiente.
De la primera cantidad, programados para sufragar los servicios acordados en centros residenciales o de día, ayuda a domicilio, cuidadores, etc., Torres señala que más de tres millones de euros estaban destinados al pago de plazas y obras en residencias de la provincia de Alicante.
Para el diputado socialista, a pesar de las aportaciones del Gobierno central para la aplicación de la ley de Dependencia, "las plazas siguen siendo casi las mismas que había antes, no ha significado incremento alguno y mientras el Consell se queja de que no tiene dinero del Gobierno para aplicar la ley", tras asegurar que en los centros de discapacitados o enfermos mentales la situación es similar.
Torres, que recuerda que en la concesión de prestaciones Bienestar Social ha primado las estancias en residencias -6.400 de las 7.000 concedidas hasta junio- considera que "si este dinero no ha servido para incrementar los recursos es porque se usa para financiar los propios servicios que ya eran de su competencia sin aumentar las plazas".