El Consell recorta hasta un 56% las ayudas a viviendas protegidas para los jóvenes

J. E. M. El nuevo decreto del Consell para facilitar el acceso a la vivienda social no sólo ha permitido a los promotores subir el precio de la vivienda de protección pública (VPP) hasta equipararlo casi con la de renta libre, sino que, además, supone un drástico recorte para la adquisición de estos pisos sociales por sus clientes habituales: los jóvenes y las rentas bajas. Así se desprende del cambio de criterio aplicado a la hora de conceder las ayudas: si en el decreto anterior, de marzo de 2006, se utilizaba un baremo proporcional -subvención del 15% del precio de la vivienda nueva para los perceptores que no superen una vez y media el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), unos 775 euros-, el nuevo decreto del Consell aprobado el pasado 6 de junio aplica ahora un criterio lineal por el que las mismas rentas bajas recibirán una ayuda muy inferior, que también varía, aunque siempre a la baja, en función de la ciudad de residencia. Por ejemplo: en el caso de la ciudad de Alicante, la que sufre el mayor recorte en la provincia, un joven con un ingreso inferior a una vez y media el indicador de renta múltiple percibía con el decreto de 2006 una ayuda directa de 22.925 euros. Con el actual decreto, la subvención para perceptores con el mismo nivel de ingresos se reduce a 10.000 euros, lo que supone una pérdida de 12.925 euros, es decir, un recorte superior al 56 por ciento.
Con arreglo a su población y otras variables, Alicante es la única ciudad de la provincia incluida en la zona A-2 del denominado ámbito territorial de precio máximo superior, que fija las ayudas para las rentas bajas. En el escalón siguiente, el B, se encuentran Elche, Benidorm, El Campello, Mutxamel, San Vicente del Raspeig y Sant Joan d´Alacant. En este grupo, las ayudas han pasado de 21.284 euros a 9.550, con un recorte del 55,1% y una pérdida de 11.734 euros.
Finalmente, una veintena de municipios de la provincia -entre los que se encuentran Alcoy, Dénia, Elda, Petrer y Orihuela- se encuadran en la siguiente categoría, la C-1, en la que el recorte de las subvenciones es del 50,6% al pasar de 18.828 euros a los actuales 9.300, con la consiguiente pérdida de 9.528. "Es injustificable que se plantee un recorte tan drástico de las ayudas para las personas que más lo necesitan para acceder a una vivienda", explicó María José Salvador, portavoz de Vivienda del PSPV en las Cortes Valencianas, que también criticó la decisión del Consell de autorizar a los promotores el aumento del precio de la vivienda de protección entre un 5% y un 10 por ciento.
Salvador destacó que la aprobación de este decreto responde a la necesidad de adaptar la normativa autonómica al plan estatal de vivienda de enero pasado, pero eso no obligaba al Consell a aplicar los coeficientes casi máximos, ni a pasar de ayudas porcentuales a lineales y bajarlas considerablemente. "Más bien han sido licencias que ha tomado la conselleria aprovechando la coyuntura", agregó la portavoz socialista.