Imputado el presidente de la promotora de Benalúa Sur por el caso Estepona

REDACCIÓN La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, encargada del caso contra la corrupción en esta localidad malagueña gobernada por el PSOE, ha imputado al presidente del grupo Prasa, José Romero, por delitos contra la administración pública, cohecho y blanqueo. La magistrada decretó la noche del miércoles libertad bajo fianza de 300.000 euros para el responsable de esta mercantil, que ejecuta en Alicante la urbanización del plan parcial de Benalúa Sur.
El empresario cordobés José Romero, que hizo efectiva ayer la fianza para eludir la prisión provisional, ha asegurado que no está preocupado por las consecuencias para él que se deriven de su presunta implicación en el caso de corrupción urbanística destapado en Estepona, y en cambio sí teme más a los "daños colaterales" a raíz de su imputación.
En Alicante Prasa ejecuta las obras de urbanización del plan parcial de Benalúa Sur, que tampoco ha estado exento de polémica. El pasado mes de febrero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencian anuló un acuerdo municipal por el que se iba pagar a la citada mercantil la mitad del coste de las obras externas del plan Benalúa Sur. El importe de estas obras asciende a 300.000 euros y Prasa recurrió la sentencia. La entonces portavoz socialista, Etelvina Andreu, anunció entonces que presentaría ante el tribunal un escrito de oposición al recurso de la mercantil en vista de que el Ayuntamiento no lo hacía.
Mientras tanto, el pasado mes de abril el TSJ reabría el caso relacionado con el traslado forzoso de un técnico de la Gerencia de Urbanismo. El citado funcionario señalaba que la medida disciplinaria adoptada por la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, se había producido por negarse a informar a favor del proyecto de reparcelación del plan parcial de Benalúa Sur. Según indicaba, el Ayuntamiento pretendía favorecer a la mercantil y perjudicar al erario público, al asumir el coste de la mitad de las obras exteriores del plan parcial.
A todo ello hay que añadir la polémica decisión de Castedo de perdonar a Prasa el pago de las obras de construcción del muro del colegio que debía construir en Benalúa Sur. Al conocerse el documento que se remitió a la mercantil sin haberlo registrado, Castedo se justificó aportando unos informes fechados 20 días después de haber eximido a Prasa.
Mientras, José Romero agradeció ayer la "preocupación" por él y su familia", pues el Grupo Prasa, fundado en 1961, con más de 2.700 empleados y una facturación de 755 millones de euros en 2006, es una de las compañías más destacadas en el ámbito de la empresa familiar en España, aunque su expansión internacional la ha llevado a abrir delegaciones y a desarrollar su actividad, fundamentalmente en el sector inmobiliario, en seis países de tres continentes, además de en toda España: Portugal, Rumanía, Polonia, Marruecos, Túnez y Brasil.
A sus actividades iniciales en construcción y promoción de viviendas se sumaron en los últimos años la gestión y desarrollo de suelo, el turismo (hoteles y complejos residenciales) y la atención a la tercera edad (residencias para mayores), con la previsión de incluir al sector sanitario, con la construcción de un hospital en Córdoba, en su cartera de más de 30 empresas propias y asociadas, a nivel nacional e internacional.

El PSOE no aclara si acudirá a Fiscalía por "malversación"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante todavía no ha aclarado si finalmente presentará denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y usurpación de poder en relación con la decisión municipal de eximir a Prasa de pagar los muros del nuevo colegio de Benalúa Sur.
El pasado mes de abril, la todavía portavoz socialista, Etelvina Andreu, anunció que emprendería acciones judiciales por las supuestas irregularidades e ilegalidades detectadas en Benalúa Sur.
Tras la marcha de Andreu a Madrid, el grupo socialista ha seguido estudiando el caso, pero el nuevo portavoz, Roque Moreno, ha eludido hasta ahora aclarar si mantiene la decisión de Andreu de llevar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.