ENTREVISTA A BERNAT SORIA. MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO
J. E. MUNERA
Cuando usted ha propuesto esta semana la creación de un grupo de expertos para debatir la posible reforma de la ley del aborto, ¿estamos ante el primer paso para una ampliación?
Le cuento cuál es la situación. La ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo tiene más de 20 años y ha funcionado, pero lo ha hecho de forma muy asimétrica. La prestación sanitaria se presta de diversas formas en diversas comunidades y eso ha generado alguna disparidad. Lo primero que vamos a hacer ya, y sin modificar la ley, es un decreto que garantice la confidencialidad e intimidad del proceso, la calidad de la prestación y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Es probable, no hay que descartar, que la ley necesite una actualización, pero como se trata de un tema muy sensible, el camino tiene que ser generar un consenso basado en un análisis médico, ético y social, y que ese proceso nos lleve a concluir si necesitamos o no cambiar determinados aspectos de la ley o hacerla nueva. En éste y en otros temas la sociedad española es madura, moderna y está capacitada para reflexionar sobre cualquier punto, pero algunos temas, como el del aborto, no se pueden simplificar diciendo: ley de plazos, sí o no, por ejemplo. Eso hay que analizarlo técnicamente, saber qué significa en los diferentes supuestos, y yo creo que ése es el proceso que nosotros seguimos.
Y en cuanto a la eutanasia, usted no es partidario de cambios legales, sino de "universalizar los cuidados paliativos".
Ésa es una palabra que significa cosas distintas para la gente y por eso hay que ser muy cuidadoso en su utilización. Ya me posicioné antes de las elecciones y me mantengo. Hay varias situaciones: una de ellas es el derecho a morir dignamente, sin dolor, que es algo perfectamente legal en este país. Y lo que estamos haciendo ya es trabajar para que se extiendan los cuidados paliativos, se universalicen y apliquen en todas las comunidades autónomas. Eso significa garantizar a la gente que va a morir dignamente y sin sufrimiento. En segundo lugar, hay otra opción que es la limitación del esfuerzo terapéutico, que es el caso reciente de una señora de Granada, Inmaculada Echevarría, una mujer con una distrofia muscular, una parálisis total; incapaz ella de desconectarse, por tanto alguien tenía que desconectar el respirador, y ella tenía derecho porque los pacientes tienen derecho a decir: no quiero recibir un determinado tratamiento, y eso es limitar el esfuerzo terapéutico, incluso a veces limitar el ensañamiento terapéutico. Eso es perfectamente legítimo y posiblemente necesite un marco regulador que no sea una ley, pero está dentro de la norma. Y, un paso más lejos, en esa palabra también se incluye algo que legalmente es el suicidio asistido, es decir, el caso de Sampedro, y ese caso está más en el ámbito de la justicia que en el de la sanidad. Es un tema que hay que preguntarle al ministro de Justicia.
Sobre la ley antitabaco, hay comunidades, como la valenciana, que flexibilizan su aplicación y rebajan las exigencias de la norma. Les ha tenido que llamar al orden.
Yo ahí voy a continuar trabajando. Hay unas comunidades con una mayoría a favor de que la ley sea más estricta, que van hacia la prohibición total. Otras comunidades que buscan flexibilizar la ley, e incluso otras donde no se inspecciona ni controla. La inspección y la sanción competen a las comunidades y si una comunidad no realiza inspecciones e incluso avisa de que no va a mandar inspectores, al final lo que ocurre es que la ley no se cumple. A este tema le tenemos que quitar el color político. A la hora de trabajar por la salud, todos estamos de acuerdo, y eso es lo que quieren los ciudadanos. Yo voy a trabajar en esa línea y en la de campañas de educación para la salud. Como ministro del Gobierno, es competencia mía también representar a España en el comité de ministros de la Unión Europea y ahí estamos cada día más cerca de una directiva europea que será de obligada transposición, con lo cual en toda Europa las cosas van hacia ahí. Pero cambiar una ley con dos años de vigencia, aunque ya nos parezca obsoleta, no creo que sea lo pertinente, hay muchas formas de trabajar.
El próximo día 18 se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para hablar de las necesidades financieras del sistema. ¿Procede aumentar la aportación del Estado a la Comunidad Valenciana, tal y como reclama insistentemente el Consell por el aumento de la población?
El acuerdo se tiene que producir, pero las competencias de financiación están en Economía, no en Sanidad. Lo que tenemos nosotros es el análisis del gasto sanitario. Lo que se acuerda es una financiación autonómica, y el acuerdo al que se tiene que llegar -y al que estoy seguro que llegará el ministro de Economía- con todos los consejeros y consejeras de Economía del país es un acuerdo de financiación autonómica, que establece cuánto recibe cada comunidad en función de una serie de criterios, que estoy seguro de que incorporarán el de la población, la dispersión, insularidad y otros elementos. Pero una vez que ese dinero llega a la comunidad, el Estado ya no controla si se gasta en sanidad o en otras cosas. Por lo tanto, aquí tenemos una situación compleja porque se utiliza la sanidad como un criterio, incluso como un argumento poderoso, para solicitar más financiación, pero luego no necesariamente se dedica a sanidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el consejo interterritorial, que es el de coordinación del sistema nacional de salud? Trabajar en el análisis del gasto sanitario, cómo se genera el gasto sanitario, qué partidas generan gasto. La síntesis sería: qué nos cuesta lo que tenemos en este momento y qué elementos del gasto sanitario es previsible que crezcan en función de la evolución socioeconómica, población, etcétera. Y eso son elementos necesarios para que se genere un acuerdo sobre financiación, pero que no sólo incluye sanidad. El acuerdo será sobre financiación económica, y no es finalista: en el acuerdo no pone cuánto se tiene que gastar cada comunidad y en qué. Esa competencia está en las comunidades. Por eso, a veces, éste es un debate que tiene algo de trampa porque se utiliza la sanidad para pedir más dinero del Estado y si luego no se gasta en sanidad, esos ciudadanos continúan teniendo peor sanidad.
La falta de médicos especialistas en el país ya ha llevado a comunidades como Cataluña a pedir la homologación de títulos para profesionales extranjeros. ¿Es ésta la solución?
Ése es el artículo 18 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que permite la homologación de un título de especialista con efectos profesionales pero sin efectos académicos. Eso permitiría incorporar profesionales cualificados y dejar en paralelo el proceso de homologación académica, que suele ser bastante lento y tarda unos dos o tres años. Eso es una medida de urgencia, no es la solución. Es una medida puntual en todas las comunidades, y especialmente en las que tienen un componente turístico alto. Se enfrentan al verano y tienen que hacer compatible el derecho a las vacaciones de sus profesionales con unas necesidades que incluso pueden aumentar. Las necesidades profesionales las vamos a arreglar de forma más definitiva. En primer lugar, algo que voy a tener antes de fin de año, porque está muy adelantado, es un estudio sobre las necesidades para los próximos 20 o 30 años, y no sólo de médicos, sino de todas la profesiones sanitarias: enfermería, podología, estomatología,... Y además, clasificadas por especialidades y con un cronograma porque yo quiero saber cuántos pediatras puedo necesitar en el año 2020, cuántos traumatólogos, cuántos médicos de primaria,... Con esa previsión es con lo que podemos ir a los órganos competentes en la formación y decirles los médicos o graduados en enfermería que necesitamos. El siguiente paso es quién da la formación de pre grado, porque la de post grado sí que es competencia del Ministerio de Sanidad. Es decir, yo sí sé cuántos especialistas tengo que formar, pero quien forma al licenciado en medicina son las universidades; y si no los forman nuestras universidades, lo harán las extranjeras, pero nosotros necesitamos a esos profesionales.
Una de sus propuestas más novedosas para estos cuatro años es la creación de un biobanco nacional con muestras biológicas representativas de la población. ¿En qué consistirá?
Un ministro es la persona que lidera un gran equipo y esta parcela pertenece a la dirección general de Salud Pública y Sanidad Exterior, que la lleva un catedrático de Alicante, compañero mío de facultad, Ildefonso Hernández. Fue él quien me sugirió que podíamos añadir algo más en las encuestas de salud. En los próximos meses presentaré los resultados de un primer análisis sobre cómo está la salud de los españoles territorializado por autonomías, por patologías,... Un seguimiento de cómo va la salud de los ciudadanos. La idea de Ildefonso es que esa encuesta tenga una muestra bien recogida de datos biológicos, lo cual puede ser extraordinariamente informativo porque, al mismo tiempo que tenemos información sobre el estado de salud global de la población, también la tenemos sobre salud y cambios medioambientales, salud y cambio climático, y tener muestras biológicas en ese banco permite diseñar estrategias de salud pública para el futuro correctamente. El hecho de que sea un estudio pionero a nivel mundial es razonable; al fin y al cabo, España es un país líder en el mundo. En economía somos la octava potencia, pero en salud hay quien piensa que somos la primera.
Por seguir con más alicantinos, usted ha elegido a Etelvina Andreu como directora general de Consumo, un departamento que pretende situar en la primera línea de la agenda política.
Consumo es un ámbito que lo incluye casi todo y, por ejemplo, hemos detectado en la última encuesta sobre lo que reclaman los ciudadanos, que el consumo electrónico, a través de procedimientos no habituales, está entre lo que más les preocupa, como las compras a través de internet, los servicios financieros,... No sólo está la seguridad alimentaria. ¿Y qué vamos a hacer? El propio congreso ya se ha dividido entre sanidad y consumo; tengo portavoces de cada una de las áreas. Vamos a trabajar conjuntamente con Europa por la seguridad alimentaria y la seguridad en los productos, la campaña de la seguridad en los juguetes del año pasado, que importa mucho en Alicante, fue muy exitosa y la hicimos junto con los jugueteros, pero tenemos que añadir consumo seguro y responsable en muchas áreas. El consumo electrónico, el de las líneas aéreas y todo esto hace 30 años tenía un impacto mínimo y ahora prácticamente todos los ciudadanos usan esta serie de bienes. Y ése es el encargo que le he hecho a Etelvina Andreu, y creo que va a hacer un gran trabajo desarrollando un área que necesita ser potenciada.
Hay gente en el PSPV que considera que la marcha de Etelvina Andreu a la dirección general de Consumo ha sido una especie de huida, de deserción de las labores de oposición municipal.
A veces, el trabajo del Gobierno se analiza de forma excesivamente fragmentada. El compromiso con la sociedad se puede ejercer desde muchos sitios. Puede ser investigador, como he sido yo, profesor universitario toda mi vida y luego un gestor del sistema sanitario, pero con el mismo nivel de compromiso con la sociedad. Lo que ha cambiado es el rango del compromiso. Como excelente portavoz del grupo socialista de la ciudad de Alicante, Etelvina tenía un compromiso con toda la ciudadanía, no sólo con quienes le votaron, sino con todos los ciudadanos de Alicante. Como directora general de Consumo, tiene el mismo compromiso con todos los ciudadanos de Alicante y con todos los ciudadanos de España. Yo sé que a ella le costó decidirse precisamente porque tenía esa percepción, y yo le insistí porque mi experiencia es que se pueden hacer muchas cosas desde el Gobierno para ayudar a los ciudadanos, y específicamente a los de Alicante. Los ciudadanos que confiaron en Etelvina antes tenían una excelente portavoz municipal y ahora tienen una excelente directora de Consumo, y está ahí para ayudarles. Esos cambios uno los tiene que incorporar como normales, el que haya esos movimientos en el ámbito de la gestión.
Vista ahora con más perspectiva, ¿cómo valora su primera experiencia electoral como cabeza de lista del PSPV-PSOE por la provincia al Congreso?
Sobre eso pediría un libro de 500 o 1.000 páginas para poderlo contar porque ha sido un cambio rotundo. Quienes me conocen desde hace 30 años saben que siempre he tenido un gran respeto por los políticos. No soy de los que se dedicaba a criticar a los políticos por el hecho de dedicarse a la política. Al contrario, decía que en democracia los políticos están ahí porque les hemos puesto con nuestros votos. Son los más criticados y los únicos a los que pones tú con tu voto, porque al resto no les pones tú con tu voto, llegan de otra manera. Mi experiencia de la campaña electoral fue, por una parte apasionante porque el ritmo era enorme; había días en que tenía nueve y 10 actos en diferentes puntos de la provincia con muchos colectivos. La interacción fue muy positiva. Y tiene también una liturgia social, la de los mítines, la de la gente, que por lo visto es necesaria, como otras liturgias. Y luego tiene una parte muy negativa, que es la impunidad con la que se puede criticar a cualquier político y decir cualquier barbaridad, y el político, por ser precisamente una persona que se somete al examen, tiene que aguantar, y yo creo que lo puede hacer muy bien ésa y muchas veces. No es que me haya afectado, sino que me ha sorprendido. Yo vengo del mundo académico, en el que también hay debate, pero el debate suele tener una cierta base argumental, y aquí se puede decir cualquier barbaridad. Yo dije que había temas que no iba a comentar en la campaña, y no lo hice. Dije que no me iba a referir al [accidente aéreo del] Yak-42, no voy a hacer comentarios de un asunto que está en los tribunales, y lo cumplí. Pero puedo decir también que esas buenas formas con que yo me enfrenté y me enfrentaré siempre al debate electoral, no fueron correspondidas con el mismo nivel de ética y honestidad.
¿Se refiere al debate político o también a los medios de comunicación porque tuvo alguna queja al respecto?
Esa fue otra reflexión. No me gustaría que se me malinterpretara. Le agradezco la pregunta. Fue otra reflexión sobre la dificultad que algunos buenos periodistas tienen para ejercer un periodismo libre. Es algo complejo, lo sé, y no es echarle la culpa a los medios, no, como se dijo; al contrario. Soy de los que asume todo lo que toca. Ese trabajo tiene en determinados contextos, y la Comunidad Valenciana está entre ellos, una dificultad que no debería tener.
En la última encuesta del CIS los ciudadanos le puntúan con un 4,81. ¿Qué le parece?
No creo que se base en eso el diseño de nuestro trabajo. Conozco al Consejo de Ministros por dentro, veo cómo trabajan mis compañeras y compañeros y, desde luego, ni el trabajo, ni la eficacia, viendo los resultados, se reflejan en esas puntuaciones. Ahora, yo respeto lo que el ciudadano piense en un momento determinado. Suelen ser fotografías momentáneas de una situación.
Y de vuelta a la sanidad, ¿cuáles son sus grandes prioridades para este mandato?
La principal es un pacto por la sanidad. Tenemos un sistema nacional de salud que es uno de los mejores del mundo y que es patrimonio de los ciudadanos españoles. El nivel de satisfacción de la gente con este sistema es cercano al 70 por cien. Eso para un servicio público es un éxito, lo que no quiere decir que no sea mejorable, pero es un patrimonio que va mucho más allá de la asistencia sanitaria, son muchas cosas más. Es el principal empleador del país, genera un empleo de calidad y no deslocalizable a más de un millón doscientos mil trabajadores. Por otra parte, permite que los ciudadanos asuman otros riesgos. Hoy en día no ocurre lo que mi abuela me decía: procura ahorrar porque de mayor puedes necesitar ese dinero para una operación. Ahora la gente no ahorra por si necesita que le hagan una operación compleja, un trasplante. Eso quiere decir que dispone de más capital y recursos para hacer otras cosas. Es un sistema que genera riqueza porque se hace muy buena investigación. Todo eso es un patrimonio que hemos generado en los últimos 20 años y que tenemos que sostener y enriquecer. Entonces, yo he propuesto un pacto por la sanidad dirigido a todas las comunidades autónomas y hasta este momento todos me han dado su apoyo y me han pedido que lidere ese gran pacto que garantice este sistema a los ciudadanos otros 20, 30 o 50 años. Que ese patrimonio pertenezca a los españoles y, además, pase a nuestros hijos. Y dentro de ese pacto va todo, todas las medidas que uno desea: racionalización del gasto, garantizar tiempos máximos de listas de espera, profesionales sanitarios,... Lo que nos piden los ciudadanos es que los gestores saquemos en la medida de lo posible a la sanidad del debate político, nos pongamos de acuerdo y trabajemos para ellos. Y eso es lo que voy a hacer.
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