Los promotores de la provincia de Alicante exigen apoyo del Consell para vender 10.000 pisos

F. J. BENITO / P. GUZMÁN El secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, reclamó ayer al Consell que active el plan de choque que propusieron los empresarios a principios de mayo al presidente Francisco Camps para sacar a la venta, en una primera fase, diez mil casas del "stock" que no encuentra comprador por la crisis económica.
Provia plantea una rebaja lineal de quince mil euros en cada piso, que asumiría posteriormente la Generalitat; está dispuesta a correr con los gastos que se generan en las operaciones de compraventa y pide un esfuerzo para que el crédito hipotecario alcance el 90% del precio de la vivienda. Para ello, el Consell debería considerar como pisos protegidos (VPO) un conjunto de viviendas con una superficie superior a los 90 metros cuadrados que hoy se consideran de renta libre. Ros admitió que la situación del sector inmobiliario en Alicante es de "enfacelograma plano" y predijo que la situación se prolongará al menos ocho meses, pero quiso mostrarse optimista. "El hecho de que la producción esté prácticamente paralizada puede llevarnos a acortar la crisis. Demanda existe, se ha iniciado un periodo en el que vamos a intentar vender todo lo que hay construido y construyéndose y a partir de entonces, que espero sea a principios de 2009, podremos comenzar a repuntar. Peor que ahora no podemos estar".
El primer cuatrimestre del año ha sido quizá el peor de su historia para los promotores alicantinos, al constatar que entre enero y abril tan sólo se iniciaron 489 viviendas, una cifra que representa un 96% menos que la media de los últimos años en los que se iniciaban unos trece mil pisos cada cuatro meses.
La falta de actividad, unida al hecho de que en la provincia existen unas cincuenta mil viviendas nuevas o a punto de terminar sin comprador, ha provocado que casi el 60% de los asociados de Provia hayan decidido congelar precios y nuevos proyectos hasta que consigan vender todo lo inmovilizado.
Jesualdo Ros insistió en la teoría de que "demanda de compradores existe, y todos los días hay consultas en las empresas, pero continua existiendo una gran incertidumbre económica a pesar, incluso, de que la situación de cajas y bancos ha mejorado tras la zozobra que se vivió a finales de 2007. En este sentido, fuentes de la entidades de crédito que operan en Alicante subrayaron que "nunca se ha cerrado el grifo pero lo que no podemos es dar préstamos sin cubrir los riesgos".
El secretario de Provia, reclamó, por otro lado, que el plan de choque con el Consell incorpore una campaña de promoción en los principales estados de la UE para limpiar la mala imagen que se ha transmitido del sector inmobiliario en los dos últimos años. Los empresarios achacan parte de los males de ahora a los informes de los europarlamentarios que visitaron España tras denuncias de propietarios extranjeros.

Preocupación sindical
Los sindicatos coincidieron en su preocupación por la crítica situación que atraviesa la construcción, si bien valoraron desde diferentes puntos de vista los últimos datos de Provia. Mientras UGT aludió a la repercusión directa en la destrucción de empleo, CC OO acusó a los promotores de intentar crear "una alarma social". "Cuando cae la demanda se deben ajustar los precios a la baja hasta que se recupere el mercado. Los promotores han sido los culpables del endeudamiento, con los altos precios que han ido imponiendo en el mercado. Lo que no pueden pretender ahora que han generado un excedente de viviendas que no pueden vender es crear una alarma social", destacó José de la Casa, secretario general comarcal de CC OO. Desde UGT, Óscar Llopis aludió a la crítica situación del empleo con 8.000 parados más en el último año e instó a la Generalitat a "no escurrir el bulto". Llopis destacó que los esfuerzos para "rescatar" el sector se deben concentrar en impulsar los trabajos de rehabilitación, la obra pública y la VPO.

El presidente de AVE apela a "sacar pecho"

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, consideró ayer en Alicante que tanto el Gobierno central como el Consell tienen la "obligación" de impulsar medidas "para salir de la situación de crisis en el plazo más breve posible". Pons, que hizo estas declaraciones antes del pleno de la asociación, afirmó que éste es "un buen momento" para que el Ejecutivo central "apoye" al sector económico, ya que en los últimos años "ha habido una situación de superávit fiscal y las arcas del Estado no tienen problemas". Pons manifestó que los últimos datos económicos "son malos", pero recordó que "no es la primera crisis económica y no es cosa de dos semanas, sino que durará un año y medio o dos". Por ello, dijo que esto se soluciona "sacando pecho", el de los "empresarios y ciudadanos que tienen que saber que esto pasa por ellos mismos" y que tienen que trabajar, animarse y no "cerrarse en sí mismos".