El Gobierno anuncia que anulará el trasvase a Barcelona y el Consell exige su ejecución

F. J. B. / REDACCIÓN La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Consejo de Ministros derogará "con carácter urgente" el próximo viernes el Real Decreto que regula el trasvase de agua del Ebro desde Tarragona a Barcelona, si se confirma que la situación de excepcionalidad que motivó su aprobación ha finalizado. Ayer, los embalses de las cuencas internas de Cataluña estaban al 48% de su capacidad y se espera que reciban miles de metros cúbicos por las lluvias de este fin de semana.
De la Vega anunció que la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se reunirá "de inmediato" con representantes de la Generalitat para fijar definitivamente los criterios oportunos. Espinosa presentó un informe al Consejo de Ministros sobre la situación de la sequía en Cataluña. Este informe, según De la Vega, señala que "en poco más de mes y medio" la situación ha cambiado, ya que ha empezado a llover, por lo que "creemos que las razones para la emergencia han llegado ya a su fin". De la Vega recordó do que el Real Decreto, aprobado hace 45 días, recogía medidas excepcionales y urgentes para el suministro de agua a Barcelona, cuyos ciudadanos podían llegar a no disponer de agua para beber en el mes de octubre "si no nos poníamos en marcha entonces".
De la Vega insistió en que en el momento que se acuerde formalmente la desaparición de las causas que determinaron la declaración de emergencia para llevar a cabo las obras, se procederá a rescindir el contrato de adjudicación de las mismas con las empresas correspondientes.
El anuncio de De la Vega tuvo inmediata respuesta en el Consell. El portavoz del Consell, Vicente Rambla, exigió al Gobierno que finalice la infraestructura iniciada para la transferencia de agua del Ebro hasta Barcelona porque pese a que las últimas lluvias han podido paliar parcialmente la sequía en Cataluña, "lo normal" es que se vuelva a sufrir una escasez hídrica. Según el vicepresidente primero del Consell, de tomarse esta medida se "pondría en evidencia la falta de una política hídrica clara" por parte del Ejecutivo central, que a su juicio se basa más en la meteorología que en la planificación estructural para solucionar el problema de la sequía que, "según los expertos", volverá a repetirse ante la cadencia de lluvias de los últimos años.
"No se puede poner en un brete a las comunidades autónomas cada seis meses", criticó Rambla para reclamar del Gobierno "un papel valiente y de liderazgo" para afrontar, con todas las partes implicadas, la mejor solución posible a la falta de agua en las regiones de la cuenca mediterránea, entre ellas la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, el portavoz del grupo socialista en las Cortes, Ángel Luna, dio la "bienvenida al Consell al debate sereno y riguroso sobre el agua" para "finalizar la guerra abierta hasta ahora". Luna se refería así a la reunión mantenida ayer entre el conseller García Antón y el nuevo secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, en la que acordaron sentarse a negociar una solución al problema del agua en la Comunidad. Luna apeló ayer a "alcanzar el consenso" y continuar "por la senda del debate", como "venimos reclamando los socialistas desde hace mucho tiempo". La opinión de Luna fue compartida por Juana Serna, diputada del PSPV que incluso habló de superávit hídrico al final de la legislatura gracias a las desaladoras.