Cartagena ingresará en prisión tras denegarle  el Gobierno el indulto

M. ALARCÓN El ex conseller Luis Fernando Cartagena tendrá que ingresar en prisión. La Subdirección de Tramitación de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia envió ayer a primera hora de la mañana un escueto fax a la sección VII de la Audiencia en el que informaba de que el Consejo de Ministros del viernes 23 de mayo había denegado la petición de indulto presentada por Cartagena. Minutos más tarde, un funcionario de dicho departamento llamó por teléfono para confirmar su recepción e informar de que en los próximos días se remitirá el documento original por correo certificado.
Cartagena Travesedo, de 54 años, ex alcalde de Orihuela entre 1987 y 1996 y ex conseller de Obras Públicas del PP entre 1996 y 1998, fue condenado por la sección VII el 14 de marzo de 2002 por el caso de las monjas a tres años de prisión por malversación de caudales públicos y a un año más por falsificación de documentos. Igualmente el fallo lo inhabilitaba para ocupar cargo público durante 6 años, aunque Cartagena había dimitido cuatro años antes tras ser imputado por un delito fiscal por la contratación de primas únicas, un hecho por el que el fiscal le ha solicitado hace poco tres años de prisión y que está pendiente de juzgarse en Orihuela.
En la sentencia de la sección VII se consideraba hechos probados que durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Orihuela se apropió de 8.166.426 pesetas (49.000 euros) que le había entregado para que lo administrara en obras sociales la superiora de la orden religiosa Hermanas de la Virgen del Monte Carmelo y que falsificó facturas para dar visos a toda la operación. La sentencia condenó también al empresario Ángel Fenoll a un año de prisión por falsificación de documento.
La sentencia no se ejecutó entonces porque Cartagena presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que dos años más tarde, el 16 de marzo de 2004, lo desestimó y ratificó en todos sus términos la resolución. El ex alto cargo público presentó un mes más tarde una petición de indulto y devolvió al Ayuntamiento de Orihuela el dinero malversado. Era el 14 de abril. La sección VII de la Audiencia no ejecutó tampoco entonces la sentencia a expensas de la petición de gracia que se elevaba ante el Ministerio de Justicia para que fuera resuelta por el Gobierno.

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El comunicado que envió ayer la Subdirección de Tramitación de Derechos de Gracia no explica motivo alguno para la denegación, algo que según diversas fuentes consultadas por este periódico le permitiría un postrero recurso ante el Tribunal Constitucional. Igualmente, podrían presentar terceras personas o colectivos una segunda petición de indulto en su favor por los mismos hechos pero, en cualquier caso, ninguna de estas medidas paralizaría ya la ejecución de la pena.
Sea cual sea el paso que dé ahora Cartagena todas las fuentes consultadas por el diario coincidieron en que el ingreso se producirá entre en aproximadamente un mes y medio. De hecho, el presidente de la sección VII de la Audiencia, José de Madaria, mantuvo ayer una entrevista con el fiscal jefe de Elche, Ramón Siles, para ver los pasos que se van a dar ahora. La notificación de la denegación de indulto no había pillado por sorpresa a la Fiscalía porque el pasado lunes el fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, informó de la misma a la cúpula fiscal de la Comunidad, Ricard Cabedo, y a José Antonio Romero, a los que dio órdenes para que se agilizara el ingreso en prisión
La Fiscalía de Alicante, con José Antonio Romero a la cabeza, quien fue el representante del Ministerio Público en aquel juicio (el único que ha celebrado en Elche) se opuso desde el primer momento a la concesión de la medida de gracia cuando.
En cambio, para los magistrados de la sección VII sí reunía los requisitos entre los cuales el más importante era que había resarcido el daño causado. En la reunión de ayer, Siles reiteró a Madaria lo ya dicho en sus escritos de los días 21 y 26 pasados en los que exigía el "ingreso inmediato" en prisión de Cartagena.
Los fiscales de la provincia consideran que los cuatro años que ha tardado el Ministerio de Justicia en resolver el informe sobre la medida de gracia son un tiempo más que excesivo, que rondaba peligrosamente la prescripción (cinco años). Y lo era, principalmente, porque la mayoría de indultos se resuelven en un sentido u otro en un año. De hecho, el Ministerio reconoce en la norma que regula estos expedientes que deben estar concluidos, "en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en el indicado plazo".
La reunión de ayer sobre el "caso Cartagena" también sirvió para debatir una cuestión sobre la ejecución de la pena que tiene una importancia capital. Con base en el artículo 88 del Código Penal cabe la posibilidad de sustituir una de las dos penas que le fue impuesta, concretamente la de falsificación, por una multa (a fijar por el tribunal en función de los ingresos declarados del condenado). Y ésto sí es posible porque Cartagena cumple los requisitos que marca la legislación entre los que se encuentra que la pena no supera el año y la reparación del daño. Aún y así, cuando el ex alto cargo lo haga, la Fiscalía solicitará que no se le aplique. Otra cuestión es la decisión que adopte la sección VII de la Audiencia.

Los pasos a seguir y el tercer grado

Tras recibir ayer la copia que documenta la denegación del indulto, la sección VII de la Audiencia comenzó el trámite de ejecución de sentencia y el primer paso era remitir copia del escrito a las partes; es decir, al abogado de Luis Fernando Cartagena y al Ministerio Fiscal para que digan aquello que consideren conveniente. Éste será el momento para que el letrado pueda solicitar la sustitución de la pena de falsificación de un año de prisión por la multa, mientras que de la Fiscalía sólo se espera que reitere la petición de ingreso inmediato en la cárcel.
De hecho, el día y la hora que se producen los ingresos en prisión es una de las cuestiones que los magistrados siempre han intentado consensuar con el procesado dentro de lo que se considera un plazo corto, nunca más lejos de un mes desde que se inicia la ejecución y de las cuestiones litigiosas que entre las partes aún se puedan plantear.
Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, a partir del ingreso en prisión de Luis Fernando Cartagena del cumplimiento de la sentencia se encarga el juez de Vigilancia Penitenciaria, que es la persona que tendrá la potestad para darle el tercer grado penitenciario, al que aspira cualquier preso porque supone poder cumplir el resto de la pena en régimen abierto, algo que dependerá del expediente carcelario abierto. En cualquier caso, el mismo no se le podrá conceder antes de que haya cumplido la cuarta parte de la pena impuesta.