La falta de personal limita las inspecciones en clínicas y el control de las bajas médicas

SYLVIA ESCRIBANO Controlar las bajas laborales para poder detectar fraudes o prolongaciones innecesarias, supervisar las recetas prescritas y los expedientes disciplinarios del personal sanitario, inspeccionar hospitales y centros de salud públicos, concertados o privados, velar por el cumplimiento del plan de choque para reducir las listas de espera y de grandes conciertos como el de las resonancias magnéticas o comprobar la calidad de la asistencia en residencias de ancianos. Estas son algunas de las labores que realizan los inspectores médicos y farmacéuticos de la Conselleria de Sanidad y que se ven condicionadas por la falta de personal, pues sólo 21 profesionales se encargan de realizarlas en la provincia. Así lo confirma el presidente de la asociación alicantina de estos funcionarios sanitarios, José Julio Gosálbez, quien incide en que el número de inspectores se ha reducido en nueve en los últimos 15 años pese a que la actividad se ha multiplicado por el aumento poblacional.
"Debemos ser los garantes de una buena asistencia sanitaria, pero nos vemos obligados a dedicar todo el día a visar recetas y revisar partes de incapacidad temporal, con lo que tenemos que aplazar las inspecciones en centros sanitarios y esta situación va en detrimento de la seguridad del paciente", asevera Gosálbez.
La falta de personal también conlleva un déficit en el control de las bajas laborales, pues "lo ideal sería poder reunirnos con los médicos en los centros de salud para ver los casos y no citar directamente al paciente". De esta forma, "se controlaría mejor el fraude, porque es muy difícil de dar con él".
En la actualidad, la inspección sanitaria de la provincia "no ha detectado un aumento de las estafas, pero existe el temor de que con el aumento del desempleo se cree una bolsa de fraude muy difícil de controlar con el personal del que disponemos". Gosálbez explica que los inspectores revisan las bajas durante los doce primeros meses y, si el paciente no recibe el alta, la supervisión pasa a depender del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El presidente de la asociación provincial insiste en que el problema "se puede agudizar si siguen marchándose inspectores por las malas condiciones de trabajo o si los compañeros comienzan a coger bajas por el estrés que soportan y no son sustituidos".
En la Comunidad Valenciana hay 66 inspectores (35 en Valencia, 10 en Castellón y 21 en Alicante), pero es en la provincia donde existe un mayor déficit de personal en relación a la población, según Gosálbez. Ante esta situación, desde la asociación provincial se respalda el ultimátum realizado la semana pasada por el responsable de la agrupación de inspectores médicos en Valencia, Javier Marco, quien aseguraba que si la administración no pone soluciones podrían adoptar medidas de protesta como ser "menos tolerantes" al visar recetas o "más estrictos" en el cumplimiento de la ley.
Gosálbez asevera que "hace dos años que pasamos a depender de la Conselleria de Sanidad, pero somos los que menos cobramos y nos planteamos si a la administración le interesa que desaparezca la inspección". Desde CC OO también denunciaron recientemente el incumplimiento de los compromisos de Sanidad con este colectivo.