La provincia contará este mes con la primera unidad de apoyo a maltratadas

N. IGLESIAS Los juzgados de Alicante contarán a finales de este mismo mes con la primera unidad de apoyo especializado para las víctimas de malos tratos. El servicio se ubicará en las dependencias judiciales de Benalúa y prestará, en un primer momento, atención a toda la provincia. La puesta en marcha de este órgano, denominado Unidad de Valoración de Riesgo de Violencia de Género, llega a la provincia con cerca de tres años de retraso respecto a otros puntos de España, que tramitaron su desarrollo en 2005 cuando el Gobierno central dio el visto bueno a su implantación.
La unidad, que se integrará dentro del Instituto de Medicina Legal de Alicante, estará formada por un equipo, compuesto por médicos forenses, psicólogos y asistentes sociales. Un grupo especializado que "permitirá ayudar a los jueces y fiscales a evaluar de manera más exhaustiva los diferentes casos que lleguen a los juzgados de la provincia", según fuentes judiciales. Para ello, el grupo se encargará de realizar un examen de las víctimas, así como de los agresores y su ambiente familiar.
La finalidad de estas entrevistas y valoraciones radica en conocer de manera detallada "aquellas situaciones que presenten mayores riesgos" y desplegar así un seguimiento que permita "ir más allá de la evaluación de las lesiones". Una actuación que facilite la "detección de nuevos episodios de violencia", ya que los profesionales "tendrán constancia de aquellos casos en los que la víctima reanude la convivencia con el agresor o presente daños que evidencien nuevos capítulos de malos tratos", precisan.

Asesoramiento
Este trabajo, mucho más cercano a los afectados, pretende ofrecer, además, asesoramiento en aquellos casos en los que la persona reanude la convivencia con su agresor, retire las denuncias interpuestas o permita el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, situaciones que con "gran frecuencia", subrayan las mismas fuentes, se siguen registrando. La necesidad de disponer de estas unidades específicas ya aparecía recogida en la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género de 2004.
Las diferentes comunidades autónomas fueron implantando estos órganos de manera paralela, en la mayoría de los casos, a la creación de los juzgados exclusivos de malos tratos. Una realidad que en el caso de la Comunidad Valenciana se ha visto ralentizada acumulando más de tres años de demora respecto a zonas como Murcia o Baleares.