El empresario Enrique Ortiz afronta una sanción por recabar datos privados para avalar Rabasa

C. R. FORNER La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un expediente sancionador a Viviendas Sociales del Mediterráneo, del Grupo Ortiz -hoy Cívica- en relación con el listado de aspirantes para acceder a las viviendas protegidas que pretende construir en Rabasa. Según consta en el acuerdo remitido por la Agencia a las partes interesadas, la empresa podría haber vulnerado el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal, incurriendo en una falta leve consistente en "no solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos". La multa que se estudia imponer oscila entre 601,01 y 60.101,21 euros.

El acuerdo, contra el que no cabe recurso, recoge como "hechos" que la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC); denunció en octubre de 2006 que Viviendas Sociales del Mediterráneo "procedió a abrir una oficina en Alicante, donde se recabaron de forma indiscriminada los datos de cuantas personas se acercaron por allí, incluyendo menores de edad, sin que se les facilitara información sobre las viviendas ni sobre las especificaciones del artículo 5" de la ley antes citada. El urbanizador, agrega, "llegó a afirmar que llevaría estos listados de personas, obtenidos de forma tan forzada, ante el pleno del Ayuntamiento para avalar la necesidad de obtener la aprobación de su proyecto". Asimismo, indica, la mercantil recogió los datos sin haber inscrito los ficheros en el Registro General de Protección de Datos.

La PIC señala en un comunicado que "este nuevo pronunciamiento demuestra una vez más la corrupción moral que ha rodeado este disparate urbanístico desde sus inicios, el desprecio que se ha hecho de las normas legales más elementales y cómo se ha tratado de jugar con las necesidades más sensibles de la gente, como es la vivienda social, para lo cual no se ha dudado incluso en acumular datos de carácter personal al margen de la ley".

Por su parte, el grupo Cívica interpreta que, con este escrito, la Agencia de Protección de Datos "ha desestimado todas las presuntas irregularidades denunciadas por la PIC respecto a la recogida de datos, "a excepción de una falta leve" consistente en no inscribir el listado en el registro. La empresa admite en una nota que "por desconocimiento no comunicamos previamente" a la Agencia la creación de esos ficheros "en los que constan el nombre y apellido, dirección, teléfono y e-mail de las 7.089 personas" inscritas. Estos datos, agrega, "se almacenaron en un único CD guardado en una caja de seguridad ubicada en las oficinas del grupo Cívica" y "en ningún caso se ha vulnerado la confidencialidad".

La Agencia de Protección de Datos, que ha tardado un año y medio en la tramitación, concede 15 días de plazo a la empresa para presentar alegaciones, proponer pruebas o "reconocer voluntariamente su responsabilidad".