El juez rebaja a una fianza de 600.000 e el embargo de bienes pedido a Cartagena

D. PAMIES/J. A. MARTÍNEZ E
l juzgado de Instrucción número cuatro de Orihuela ha impuesto una fianza de 600.000 euros al ex conseller Luis Fernando Cartagena ante el proceso por fraude fiscal por las cesiones de crédito abierto contra él, según confirmaron fuentes judiciales, en lugar del embargo preventivo de bienes que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción. Como ya publicó este diario, el juez ha dictado la apertura del juicio en el que el ministerio público reclama tres años de prisión y una multa de dos millones de euros a Cartagena por un fraude a Hacienda de medio millón en el ejercicio fiscal de 1988. Para garantizar el pago de estas cantidades el fiscal Felipe Briones había reclamado el embargo cautelar de bienes.
El juzgado ha optado en cambio por fijar una fianza de 600.000 euros, con la que se garantizaría el pago de la responsabilidad civil, es decir, el medio millón de euros que se adeuda a la Agencia Tributaria más los intereses legales. Fuentes judiciales explicaron que, tras las dificultades iniciales, se ha podido localizar patrimonio a nombre del ex conseller. Entre otros bienes hay varios apartamentos y una sociedad empresarial de la que forma parte. Las mismas fuentes precisaron que por el momento no se ha realizado una valoración de estos bienes para calcular si cubren o no las cantidades exigidas. De todas maneras, el juzgado procedería al embargo de estas propiedades en el caso de que no se pagara la fianza acordada y se descarta declarar al imputado como insolvente. Además del pago de medio millón de euros a la Agencia Tributaria por las cantidades presuntamente defraudadas, la Fiscalía Anticorrupción también pide el pago de una multa de un millón y medio de euros correspondiente al triple de esta suma.
Tras la apertura del juicio oral, es el turno de la defensa para presentar sus alegaciones y cabe por tanto recurrir las medidas cautelares acordadas por el magistrado. Una vez resueltos todos estos trámites, la causa pasará al juzgado de lo Penal de Orihuela para celebrar el juicio.
El ex conseller de Obras Públicas y el alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, se enfrenta ahora a este proceso por fraude fiscal una vez concluida la instrucción de la causa por las cesiones crédito. Cartagena está acusado de defraudar a Hacienda medio millón de euros en el año 1988, con un incremento de patrimonio no justificado de 158,5 millones de las antiguas pesetas. El dinero estaba invertido en un producto financiero del Banco de Santander llamado cesiones de crédito que tenía el aliciente de ser opaco para Hacienda. El titular de estas cuentas era un empresario ilicitano ya fallecido y la investigación sostiene que Cartagena era el beneficiario real de todos estos fondos.
Tras varios años de instrucción en la Audiencia Nacional, la investigación ha finalizado ahora en un juzgado de Orihuela, después de que la magistrada Maria Teresa Palacios acordara desgajar de la causa principal la pieza referida al fraude fiscal presuntamente cometido por Cartagena. La Audiencia Nacional archivó a finales de 2006 la causa abierta para los directivos del banco, en una decisión que posteriormente fue ratificada por el Tribunal Supremo. La Fiscalía sostiene que el caso de Madrid es distinto al del ex conseller y ha seguido adelante con la causa.

La pena por el caso de las monjas prescribe en marzo de 2009

La Audiencia de Elche tiene de plazo hasta marzo de 2009 para que el ex conseller Luis Fernando Cartagena empieza a cumplir la pena por el "caso de las monjitas" sin que ésta prescriba. Cartagena fue condenado a cuatro años de prisión por quedarse con 40.000 de euros de las monjas que administraban el hospital municipal. La ejecución de la pena está paralizada desde hace cuatro años a la espera de que se pronuncie el Consejo de Ministros sobre la petición de indulto. La Audiencia no está dispuesta a que la pena prescriba y había dado de plazo hasta la próxima semana para que se resolviera la situación, aunque las fuentes consultadas por este diario señalaron que el plazo no es rígido y que no se adoptará ninguna decisión por lo menos hasta el mes de julio si antes no se pronuncia el Gobierno.