Los jueces piden ampliar la jornada a los funcionarios para acabar con el colapso

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ L
os jueces de lo Penal de Alicante celebraron ayer una junta para exigir medidas contra el colapso que sufren estos órganos en la ejecución de sentencias, y aprobaron un documento con cinco propuestas. Entre ellas, se encuentran la petición de más juzgados, un sistema informático de alertas sobre el estado de cada sentencia y un plan de prolongación de jornada para ponerse al día. Los juzgados de Alicante tienen que controlar más de 6.500 ejecutorias penales, una carga de trabajo que excede los módulos marcados por el Poder Judicial. La junta se celebra después de la realizada por los secretarios judiciales de la provincia la semana pasada por este mismo motivo. A la convocatoria acudieron los siete jueces penales de Alicante, el decano Juan Carlos Cerón, el presidente de la Audiencia Vicente Magro y la magistrada penal de Benidorm.
Entre las propuestas de los magistrados se encuentra el aprobar un plan de prolongación de jornada para los juzgados penales, a fin de que los funcionarios puedan adelantar la tramitación de estas ejecutorias penales. Este plan se mantendría hasta la creación del juzgado de lo Penal número ocho de Alicante, que no está previsto por lo menos hasta el año que viene.
Asimismo proponen al Consejo General del Poder Judicial el instar al Gobierno para que elabore un programa informático para los juzgados penales, de guardia y las secciones penales de las Audiencias. Magro explicó que el objetivo es el control directo de la ejecutoria sin necesidad de consultar el expediente en papel. Al sistema estarán conectados los juzgados y las fuerzas de seguridad mediante claves de acceso a datos relacionados con órdenes de busca y captura y vigilancia del cumplimiento de la pena. El sistema de alertas avisaría si transcurren siete días sin que se haya anotado nada en el seguimiento de la ejecutoria.
Asimismo se pide la elaboración de un manual para los funcionarios que resuelva las dudas que puedan surgir en la tramitación de un expediente. En este sentido, se reclamaron cursos específicos de formación para los interinos que integran las bolsas de trabajo. Los jueces se quejan de que muchas veces estos trabajadores llegan sin ninguna experiencia.
Otras de los puntos es que Alicante tiene los mismos juzgados de lo penal desde hace diez años, pese al aumento de asuntos. Por ello reclaman la puesta en marcha de nueve juzgados en toda la provincia: una sección en la Audiencia; y juzgados penales en Alicante, Alcoy, Orihuela (2);, Torrevieja y Benidorm(2);. Por último, proponen la aplicación del plan de mediación penal para lograr que delincuente y víctima puedan llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio en los delitos leves. El acuerdo pasaría porque el acusado indemnizara al denunciante, lo que reduciría el número de asuntos.
Los jueces expresaron su apoyo al magistrado expedientado en Sevilla por el "caso de Mari Luz Cortés" y señalaron que su trabajo es el de resolver conflictos y no estar al tanto de todas las cosas que ocurren en el juzgado. Ante las carencias existentes, advierten de que el mismo error puede ocurrir en cualquier sitio.