Barreda anuncia la vía judicial contra la operación Danone y el Consell calla

F. J. B. E
l vicepresidente de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, anunció ayer que su Gobierno recurrirá, si es necesario, a la vía judicial para tratar de bloquear el proyecto de la planta embotelladora de Font Vella en Villena porque su ejecutivo sigue rechazando la operación que negocia la comunidad de regantes con Danone al entender que es "una operación de especulación con un recurso que es de todos, como el agua". De esta forma el Gobierno castellano-manchego arremetía, por tercera vez en cuatro días, contra la iniciativa de la Comunidad de Regantes de Villena que dejará de explotar 200 hectáreas a cambio de que la multinacional francesa pueda instalarse en el municipio y construir una planta para embotellar agua del acuífero Yecla-Villena-Beneixama.
La agresividad del ejecutivo de José María Barreda contrastó, un día más, con la falta de reacción del Consell debido a la ley del silencio que ha impuesto el presidente, Francisco Camps, desde que el anuncio del proyecto coincidiera con el acto de los 300 alcaldes del PP en Orihuela para reclamar el trasvase del Ebro. Primero fueron llamadas al propio Andrés Martínez, presidente de los regantes, censurando la coincidencia y, a partir de ahí, mordaza oficial a los consellers José Ramón García Antón -Agua- y Maritina Hernández -Agricultura-. Ayer, el único apoyo a la Comunidad de Regantes de Villena llegó del presidente del PP y de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, quien lamentó que "aquellos que no han dejado resolver el problema del agua en la provincia pongan ahora el grito en el cielo por el proyecto de Danone de ubicar una planta embotelladora en Villena". Ripoll defendió la iniciativa porque, según dijo, creará empleos y riqueza y rechazó que "se quiera criminalizar a Andrés Martínez que es un empresario que desde hace años trabaja por los intereses de los usuarios del Alto Vinalopó".

Bloqueo del Júcar-Vinalopó
Castilla-La Mancha reclamó el sábado al Gobierno central una investigación, el martes envió cartas a la ministra Elena Espinosa y a la Confederación del Júcar amenazando con bloquear el trasvase Júcar-Vinalopó y ayer anunció que recurrirá a la vía judicial para parar el proyecto del la embotelladora. Ofensiva en toda regla del Gobierno de Barreda que ha cogido al Consell viéndolas venir y sin capacidad de reacción.
Lamata reveló, por otro lado, que ha habido alguna conversación con el Gobierno sobre el tema, pero no una respuesta formal, y reiteró que su ejecutivo no va a aceptar una "operación de especulación con un recurso que es de todos", como el agua. El vicepresidente criticó que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reclame agua de otras cuencas para determinadas zonas de su comunidad "donde se está vendiendo el agua a una multinacional para embotellarla". Lamata reiteró que los valencianos tienen que tener agua para beber "como así ocurre en Alicante", donde recordó que se bebe agua de Castilla-La Mancha, en relación al trasvase Tajo-Segura.
Fernando Lamata insistió en que no les satisface que se envíe agua a un lugar para que luego vendan la que tienen allí embotellada, "como quieren hacer en Villena, donde se ha venido demandando el trasvase de aguas del Júcar al Vinalopó". En su opinión, eso es hacer "trampa" y recordó al Ministerio a la CHJ que es el Gobierno de España el que tiene la última decisión sobre el agua, por lo que les reclamó que frenen esa "operación especulativa" de venta de agua para ser embotellada. Lamata dijo que sería bueno que Camps rechazara también esa operación, como esperan muchos valencianos, y consideró un "escándalo" que se aprovechen recursos del Júcar, una cuenca que "ya está castigada, para derivarlos al Vinalopó mientras en esa zona venden el agua".