El local que ahora alquila el Ayuntamiento para retén policial fue tristemente famoso por haber provocado uno de los mayores escándalos municipales que se recuerdan y que llegó incluso a Fiscalía, aunque finalmente fue archivado sin que se depurara ninguna responsabilidad.
El asunto estalló el 20 de agosto de 1998 cuando este periódico publica que la entonces Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprobó por urgencia una propuesta del a la sazón edil de Cultura, Pedro Romero, para el alquiler de un local en la calle Canalejas 8 para destinarlo a sala de exposiciones por un montante total de 42 millones de pesetas en los diez años de contrato, cantidad que supone 15 millones de pesetas más de lo indicado por un informe técnico municipal.
Esta generosidad extrema de Pedro Romero con el dinero de todos los contribuyentes es condenada por la oposición, que cuando conoce que el propietario del local es un ginecólogo que mantiene una gran amistad con el entonces edil del PP, denuncia los hechos y le acusa de presunto trato de favor. Las acusaciones se van agravando a medida que se van conociendo las múltiples irregularidades en el contrato, que incluso se firmó antes de ser aprobado por el Ayuntamiento.
Objeto de las iras de la oposición fue que el alquiler se adjudicó a dedo porque el concurso convocado se declaró desierto ya que reunía, según PSOE y EU, tantas exigencias que era un "traje a medida" para Canalejas 8 que ningún otro local podía cumplir. Finalmente, hasta el propietario renunció al alquiler y el asunto llegó a Fiscalía, aunque no prosperó.