JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Los jueces de lo Penal se sumaron ayer a los secretarios judiciales al convocar su propia junta para exigir medidas al colapso de las salas penales, según confirmaron ayer fuentes judiciales. La junta se ha convocado para el miércoles de la próxima semana y se prevé no sólo asistencia de los jueces de Benalúa, sino de otros puntos de la provincia y hasta de la Audiencia Provincial. Por su parte, los secretarios judiciales de las salas penales celebraron ayer una asamblea de más de tres horas en la que se aprobó por unanimidad un documento que plantea al Gobierno central y a la Generalitat un total de veinte medidas necesarias para solucionar el problema de la Justicia. Las medidas van desde crear más órganos judiciales a que se cubran las bajas, poner faxes individuales en los juzgados que los tienen compartidos, así como muebles nuevos y modernizar los obsoletos sistemas y programas informáticos.
La junta de jueces se ha convocado para el próximo miércoles en los juzgados de Benalúa. El orden del día es proponer medidas al colapso de los juzgados para ejecutar las sentencias penales. Los jueces de Valencia ya celebraron una hace dos semanas y los de Alicante ya barajaron realizar la suya pero la idea no cuajó. Tras la celebración de la junta de secretarios de ayer, los magistrados decidieron llevar a cabo una por su cuenta. La situación de los juzgados en España ha quedado al descubierto tras la muerte de la niña Maria Luz Cortés, en la que el acusado estaba en libertad pese a tener una condena por abusos a menores. El mensaje es que el colapso judicial hace que el error detectado puede ocurrir en cualquier otro sitio. Los secretarios judiciales advirtieron ayer de que la carga de trabajo en los juzgados penales excede lo razonable, por lo que piden a todas las administraciones soluciones para afrontar los problemas. La junta se celebró con la asistencia de once de los catorce secretarios de los juzgados penales. Éstos advierten de que mientras para hacer frente al aumento de la criminalidad se han creado nuevos juzgados de instrucción, se ha mantenido igual el número de salas penales. La implantación de los juicios rápidos y los nuevos delitos por las imprudencias de tráfico han aumentado también el control de las ejecutorias.
Las propuestas planteadas por el colectivo afectan tanto al Ministerio de Justicia como a la Conselleria y abarcan carencias de todo tipo. Entre ellas está la de crear diez juzgados penales para toda la provincia, que es lo que se necesitaría para ajustarse a los módulos de cargas de trabajo recomendadas por el Consejo General del Poder Judicial. El reparto sería de cinco para Alicante, dos para Benidorm, dos para Orihuela y uno en Elche.
Asimismo, según sus propuestas, es necesario aumentar en cuatro la plantilla de funcionarios en cada juzgado. Los secretarios se quejan también de que las plantillas no son estables y hay muchas plazas ocupadas por funcionarios interinos. Las sustituciones se hacen tarde y mal, y muchas veces el personal viene poco preparado, por lo que se piden cursos de formación.
El sistema informático se lleva otra buena parte de las quejas. El sistema operativo Cicerone, con el que funcionan los juzgados, no ha tenido ni una sola actualización desde que se empezó a aplicar hace cuatro años. Esto provoca lentitud de los ordenadores, así como criterios de consulta que no tienen ningún interés en el juzgado. No hay continuidad en las bases de datos que tienen los juzgados de instrucción y los penales, lo que obliga a introducir los datos dos veces. Tampoco se pueden hacer consultas de las causas con presos preventivos, ni de maltratadores, ni de los condenados extranjeros. Los accesos a los registros centrales de penados y rebeldes y de malos tratos se hacen por separado, y a veces hay que efectuar una doble inscripción de datos. A veces estos registros se actualizan muy tarde. También se suman a la petición de un registro informático central para órdenes de busca y captura y un sistema de alertas como reclama el Poder Judicial.
Los medios materiales centran buena parte del capítulo de reivindicaciones. Hay faxes compartidos entre juzgados, fotocopiadoras que se averían y armarios sin bisagras para las que no existen recambios.
Aplazado a diciembre el segundo Registro
El colapso judicial en Benidorm y Orihuela ha aplazado a diciembre la creación del segundo Registro Civil de Alicante. El Gobierno anunció ayer la creación de tres nuevos juzgados para la Comunidad Valenciana en junio. De ellos, dos irán a la provincia de Alicante a las zonas donde más problemas se han dado en las ejecutorias penales: Benidorm y Orihuela. El tercer juzgado previsto irá a la provincia de Valencia. La medida supone aplazar la creación del segundo Registro Civil de Alicante, que estaba anunciado para este mes. Los problemas aparecidos en la jurisdicción penal han hecho que se haya dado prioridad a estos otros dos juzgados. El nuevo juzgado de lo Penal de Benidorm no irá a Dénia, tal y como se había previsto, ante el temor de que éste acabe sobrecargado por tener que asumir en solitario todos los asuntos penales que se generen en la Marina Alta. En el colectivo judicial de Benidorm hay temor de que ante esta medida el Poder Judicial acabe rechazando aprobar los apoyos que ya estaban previstos para uno de los dos juzgados que tiene el municipio.
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