Los secretarios judiciales se movilizan contra el atasco en el ámbito penal

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ Los secretarios judiciales de los Juzgados de lo Penal de toda la provincia han forzado la convocatoria de una junta extraordinaria para exigir medidas contra el colapso que sufren. Se trata de una medida que ya adoptaron los jueces de lo Penal de Valencia a raíz de los problemas en la Justicia que el caso de la niña Mari Luz Cortés ha sacado a la luz en todos los juzgados de España. La convocatoria ha sido forzada por los secretarios judiciales, ya que el coordinador, Manuel Cerdán, no había celebrado ninguna reunión de este colectivo. Los propios jueces de lo Penal de la provincia habían barajado la posibilidad de celebrar su propia junta, pero esta iniciativa no cuajó. Fuentes judiciales señalaron que la oferta de la Conselleria de Justicia de poner un turno de tarde, en la que los funcionarios cobrarán horas extras, frenó esta última convocatoria.
Sin embargo, los secretarios judiciales quieren debatir la situación en la que se encuentran las catorce salas penales de la provincia, que se nutren de los asuntos que les envían hasta 64 juzgados de instrucción. Fuentes judiciales señalaron que se están preparando diversas propuestas para exigir soluciones al colapso existente. Hacen falta juzgados, pero también hace falta personal para dar salida a los asuntos pendientes y las bajas no se cubren. Éstas son algunas de las carencias denunciadas. Cada juzgado de la ciudad Alicante tiene una media de 895 sentencias pendientes de ejecutar, cifra que en Orihuela es de 1.772, en Elche de 1.322 y en Benidorm 1.799, según reflejaba la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los secretarios ya avisaron que estos juzgados acumulaban el doble de resoluciones que la sala penal de Sevilla, que registró el error que desembocó en el caso de la niña Mari Luz.

Retrasos de hasta dos años para los señalamientos

Los juzgados de lo Penal están haciendo los señalamientos con hasta dos años de retraso. Las salas dan prioridad a los juicios con preso y a las de malos tratos, mientras el resto de los asuntos intentan buscar un hueco en la agenda. En Alicante se está señalando para dentro de 20 meses, mientras que en Orihuela llegan a los dos años y en Benidorm un año. Elche ha logrado reducir la espera a 5 meses al desviar asuntos a la Vega Baja.