El descontrol judicial hace que once presos fugados de Alicante y Villena sigan libres

Once reclusos de las prisiones de Fontcalent y Villena que aprovecharon permisos penitenciarios para fugarse llevan varios años en libertad sin que ningún órgano judicial de la provincia haya dado orden de arresto y reingreso en la cárcel al no ponerse de acuerdo sobre qué juzgado debe tomar la decisión.

P. CERRADA / J. A. MARTÍNEZ nce presos que aprovecharon un permiso penitenciario para fugarse de las cárceles de Villena y Fontcalent llevan varios años en libertad sin que ningún órgano judicial de la provincia haya dictado hasta ahora órdenes de detención y reintegro inmediato a la prisión al no ponerse de acuerdo sobre qué juzgado debe hacerlo. Por contra, otros cuatro reclusos huidos que han sido condenados por la Audiencia Nacional sí tienen orden de detención cursadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Igualmente, estos once presos y los cuatro de la Audiencia Nacional tienen órdenes policiales de arresto, pero la situación ha demostrado que estas requisitorias no parecen tener el mismo valor para todos los jueces.
Mientras que los jueces de Instrucción de Alicante decidieron en junta que el juzgado que estuviera de guardia acordaría la prisión de estos presos en caso de ser localizados, hace unas semanas se produjo un caso tan insólito como la puesta en libertad por un juzgado de Lorca (Murcia); de un preso fugado de Villena que fue detenido en Águilas por atentado contra la autoridad y que, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad pese a estar reclamado por la Policía por el quebrantamiento de condena.
La liberación de este interno provocó que el Cuerpo Nacional de Policía alertara nuevamente de la situación a la Audiencia Provincial y a la Fiscalía, ya que en 2007 había 34 presos que no habían vuelto a las prisiones de Villena y Fontcalent y ningún juzgado los controlaba. En poco más de un año se ha logrado bajar la cifra de prófugos a 15 y el escrito policial ha servido de momento para que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Villena dictara la semana pasada una orden de detención del preso liberado en Lorca con el fin de reingresarlo de forma inmediata en prisión. El interno fue arrestado nuevamente y el juzgado de Lorca le envió a prisión.
La juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, Montserrat Navarro, explicó a preguntas de este diario que «lo de menos es quién dicte la orden. Se trata de presos que se han fugado y deben volver a prisión». Navarro dijo que lo lógico es que sea «el tribunal que puso la sentencia quien se encargue de dictar la orden de busca y captura y el juez de guardia quien lo ingrese en prisión». Asimismo recalcó que los jueces de Vigilancia Penitenciaria no tienen competencias para dictar órdenes de busca y captura. «Se trata de un acuerdo que adoptamos los jueces de Vigilancia de toda España», dijo, aunque insistió en que «no tengo ningún problema en dictar esas órdenes si nadie está dispuesto a hacerlo». De hecho, ante la polémica suscitada señaló que «he empezado a poner órdenes de busca y captura porque no se van a quedar sin poner».
La Fiscalía de Alicante ha instado a los fiscales que se encarguen de solicitar a los juzgados que dictaron la sentencia que pongan en busca y captura a los presos que no se han reincorporado a la prisión. Asimismo, también se les ha recomendado a los que se encuentren de guardia extremar el celo para pedir la prisión cuando algunos de estos reclusos sean llevados ante el juzgado de guardia.


Condenados por robos, droga y secuestro

El listado de presos que no volvieron a las prisiones de Villena y Fontcalent tras un permiso penitenciario no incluye a ningún asesino ni agresor sexual. La mayor parte de los reclusos, salvo dos o tres, estaba recluido en el centro de Villena y el resto en Fontcalent. Uno de los internos cumplía condena por una detención ilegal, mientras que el grueso de las condenas de los prófugos son por delitos de robos y tráfico de estupefacientes.
Cuando los presos no vuelven a Fontcalent y Villena, los responsables de los centros comunican la fuga a las Fuerzas de Seguridad, al juzgado de Vigilancia Penitenciaria, al juzgado de guardia y al juzgado que dictó la sentencia condenatoria del interno huido.
En el caso del preso liberado inicialmente en Lorca y encarcelado tras una segunda detención, estaba pendiente de cumplir una condena hasta 2009 y el juzgado lorquino acordó su libertad provisional porque tenía domicilio conocido y estaba en un centro de desintoxicación.
Los once presos que están en paradero desconocido y sobre los que no existe hasta ahora orden judicial de búsqueda y captura para ser reingresados en prisión llevan varios años en libertad desde que quebrantaron su condena.
La Comisión de Policía Judicial debatirá este asunto en la reunión que ha sido convocada para el 12 de junio, donde se espera que las partes implicadas lleguen a un acuerdo para zanjar esta problemática.