El Gobierno recuerda que los contratos para inmigrantes competen al Estado

REDACCIÓN/ C. A./ J. P. E
l ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avisó ayer al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de que los "los temas de contratos" para inmigrantes son competencia del Estado, pero le ofreció "un punto de encuentro" entre el "compromiso de integración" que propone el Gobierno valenciano y "alguna propuesta" que el propio ministro "haya podido hacer".
"Si una comunidad autónoma en un momento determinado pretende regular una cosa que no es de su competencia, desde el Estado le diremos que regule aquello para lo que es competente pero se abstenga de intervenir en ningún tema que no sea de su competencia", apuntó Corbacho. Así, señaló que "los temas de regularización y los temas desde el punto de vista jurídico legal, los temas de contratos y muchas de estas materias son competencias del Estado". El ministro se refirió así al borrador de la Ley de Integración de Extranjeros, que recoge el "compromiso de integración" como un acuerdo que deberán suscribir los extracomunitarios mayores de 18 años que quieran residir en la región.
Pese a ello, el titular de Trabajo e Inmigración consideró que está "bien" que "una comunidad autónoma explore las posibilidades de ir profundizando en estas materias" y rechazó descalificar la iniciativa de la Generalitat.
Por su parte, el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, aseguró ayer que los inmigrantes que no suscriban el compromiso "van a tener dificultades" para integrarse en la sociedad valenciana, aunque la Generalitat no va a adoptar "ningún tipo de medida" contra ellos porque "los derechos humanos son irrenunciables".
Blasco aclaró que el compromiso tendrá un carácter "voluntario" y no afectará a las prestaciones universales. Preguntado sobre cuáles eran las costumbres que deberían asumir los inmigrantes al margen de los idiomas oficiales y del conocimiento de la historia de los valencianos, respondió que hay que "huir de debates folclóricos porque a nadie se le va a decir que se haga fallero".
Expuso que quien decida no suscribirlo "no va estar perjudicado en sus derechos como persona o ser humano, pero va a tener dificultades porque estará rechazando una integración que queremos poner a su servicio como instrumento de enriquecimiento, sin ninguna hostilidad". Blasco planteó que una persona que hable castellano y valenciano "tiene muchas más posibilidades de integrarse en nuestro modelo que una que no quiera aprender ninguna de las dos lenguas", al igual que alguien que "sepa que tenemos unas tradiciones, cultura y un Parlamento propio" y firmar este contrato "explicita esa voluntad de aprender valenciano y castellano".
El portavoz del Consell, Vicente Rambla, recordó que el borrador de la futura ley está en fase de estudio y debate por parte de los colectivos implicados y que en "los próximos días o semanas" se concretará "cómo y de qué manera se dan esos pasos".
La medida, a juicio del portavoz del PSPV, Ángel Luna, resulta "inútil" porque el ejecutivo valenciano no tiene competencias en materia de extranjería "y no puede exigir lo que no está en las leyes", mientras que el diputado provincial socialista, Antonio Amorós, calificó de "bobada peligrosa" la medida del Consell tras considerar que "espantará a ciudadanos noruegos y suizos" y creará un "estado clasista".
La diputada de EUPV Gloria Marcos, exigió la comparecencia de Blasco en la cámara para explicar la propuesta y Mónica Oltra, de Compromís, opinó que el resto de políticas al margen de la ley supone alentar "la xenofobia".