REDACCIÓN
E
l pleno del Congreso aprobó ayer, con los votos a favor de PSOE, PP, PNV, CC, ICV y UPyD y la abstención de ERC y CiU, la convalidación del decreto de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de agua a cinco millones de personas del área metropolitana de Barcelona, con la ampliación del trasvase Ebro-Tarragona por una tubería de 62 kilómetros de longitud y coste de 180 millones de euros. La previsión es que el trasvase esté operativo nueve meses, hasta la inauguración de la desaladora de El Prat. La ministra Elena Espinosa definió la medida como "una reasignación temporal de caudales, con un volumen limitado (hasta 4 hm3/mes); y para un ámbito delimitado, que no permite sacar una gota adicional del río Ebro", sin "interconexión de cuencas" y volvió a recordar que que se había hecho con anterioridad para llevar agua a Benidorm -Rabasa-Amadorio-.
Espinosa recordó que las reservas hidráulicas de Cataluña están en el 23% de su capacidad -la media nacional es del 50%-, lo que "podría obligar a imponer restricciones al consumo doméstico a corto plazo". Explicó, además, que pese a que la población ha racionalizado el consumo, el área metropolitana de Barcelona necesita 19 hectómetros cúbicos al mes, y actualmente el caudal del Ebro sólo garantiza 15 hectómetros cúbicos, es decir, que hasta que no comience a funcionar la desalinizadora del Prat, la provincia de Barcelona tendrá un déficit de 3,9 hectómetros.