Las ONG y los sindicatos tachan de absurda la medida y cuestionan su viabilidad legal

A. PRADO El director del Observatorio de Inmigración de la Universidad de Alicante, Carlos Gómez Gil, consideró "un disparate" la propuesta de Blasco, cuya implantación cuestionó por ser "de dudosa aplicación, discriminatoria y legalmente inviable" que "parece que sólo busca méritos de cara al congreso del PP". Para Gómez, Blasco es el "baluarte del fracasado programa del PP en las pasadas elecciones generales" que debería preocuparse por "desplegar competencias y servicios a favor de la verdadera integración de los inmigrantes".
Francisco Garrido, de la Comisión Española de Ayuda al refugiado en Alicante, consideró que la Generalitat "carece de competencias" en esta materia, por lo que "parece que está fuera de lugar y va en contra de la legislación actual de Extranjería, además de que no tiene sentido que una comunidad autónoma lo exija y otra no, ya que una comunidad no puede por sí misma implantar una norma de ese tipo".
Fidel Romero, responsable de Asti Alicante-Secretariado Diocesano de Migración, también manifestó que "la comunidad no tiene competencias en este tema y deberá concretarlo más", tras recordar que el mayor esfuerzo por la integración lo está haciendo en estos momentos el inmigrante.
Por su parte, el responsable de organización de CC OO en L'Alacantí, Salvador Roig, reclamó a Blasco "que deje ya la campaña electoral porque esto supone más de lo mismo al retomar otra vez una senda que no tiene sentido" y reclamó que "cese de improvisar" la política de inmigración en cuestiones que requieren un diálogo.
Para Sandra Diez, responsable de Inmigración de UGT, es "absurdo y ridículo" el propósito de Blasco, además de "alarmista y xenófobo" que va en contra de la propia integración y la interculturalidad y que "no serviría para nada", además de que "habrá que ver si es posible".
La diputada socialista en las Cortes Valencianas, Nuria Espí, calificó de "barbaridad" y de "discriminación negativa" la exigencia de dicho compromiso y consideró que el Consell pretende llevar a cabo una propuesta electoral que los ciudadanos ya rechazaron en las urnas.