P. R. F. / L. B. /AGENCIAS
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha convocado para mañana sábado a los consejeros responsables del área del agua de las 17 Comunidades Autónomas para abordar la extensión del trasvase del Ebro a Tarragona hasta Barcelona, según Europa Press.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su homólogo murciano Ramón Luis Valcárcel, en su enésima cumbre para abordar el conflicto del agua, acordaron llegar hasta el Tribunal Constitucional para intentar obligar al Gobierno de Zapatero a recuperar el derogado trasvase del Ebro a sus comunidades. Si los socialistas no lo hacen, Camps y Valcárcel iniciarán la batalla en los tribunales. De paso, ambos mandatarios anunciaron que no organizarán manifestaciones contra el trasvase del Ebro a Barcelona pero que están dispuestos, en una invitación clara a regantes y organizaciones empresariales, a apoyar cualquier protesta en la calle que se prepare desde la sociedad civil.
Reunidos esta vez en Valencia durante más de tres horas para pactar una estrategia común tras la decisión de Zapatero -que se plasmará hoy en un decreto tras la reunión del Consejo de Ministros- de transferir agua del Ebro a Barcelona mientras hace cuatro años los socialistas anularon el trasvase a la Comunidad, Camps y Valcárcel, que también reclaman el acceso a los derechos de los regantes y a los bancos de agua, precisaron que con el recurso ante el Constitucional no pretenden poner obstáculos para que el agua llegue a Barcelona, sino reclamar el mismo trato y que los recursos del Ebro lleguen también a la Comunidad y Murcia.
Camps lamentó que la actual legislatura nazca "trastocada" por la decisión "unilateral" de Zapatero de aprobar un trasvase del Ebro a Barcelona y reivindicó que el Consejo de Ministros de hoy acuerde también la "recuperación total" del derogado trasvase a las comunidades de Valencia y Murcia. El presidente de la Generalitat ha justificado esa petición en que "no tiene sentido derogar un todo y recuperar una parte" y ha reivindicado la "fuerza moral" de las dos comunidades para exigir la totalidad del trasvase por el trabajo llevado a cabo en los últimos cuatro años y las inversiones realizadas en modernización de regadíos.
El líder murciano, por su parte, señaló que "no vale con el parche para resolver la parte de un todo", y por ello, desde "la lealtad institucional, la responsabilidad política y la defensa de los intereses" de los habitantes de estas dos regiones, exigen que la "solidaridad" mostrada hacia Cataluña en esta cuestión tenga "un doble sentido". "Exigimos el mismo trato también para la Comunidad Valenciana y Murcia", dijo Valcárcel. Ni el titular del Consell ni el dirigente murciano plantean que las obras se hagan "simultáneamente". "Barcelona es como un enfermo infartado que requiere de una actuación rápida, y estas dos regiones son un enfermo en potencia", dijeron antes de que Ramón Luis Valcárcel recalcara que "si no se vuelve al contenido en el PHN sobre el trasvase del Ebro, iremos al Tribunal Constitucional, porque se quiebra el principio de igualdad recogido en la Constitución".
En el ámbito social, ambos dirigentes, que pidieron que el trasvase a Barcelona sea permanente, aseguraron que están con los regantes y los agricultores y que, aunque no vayan a promover protestas institucionales, "respaldamos otras manifestaciones y nos ponemos sin complejos de ningún tipo a la cabeza de las mismas", dijo Valcárcel.
En las últimas horas, los socialistas se han movilizado para tratar de evitar que las organizaciones empresariales valencianas convoquen protestas contra el Gobierno. Así la vicepresidenta De la Vega telefoneó al presidente de AVE, Francisco Pons, para tratar de convencerle de que el aporte de agua a Barcelona no es un trasvase.
Mientras el Ejecutivo de Camps y el de Valcárcel reclaman a Zapatero una rectificación, el Consell, sin embargo, ha optado por desviar fondos estatales que iban dedicados a obras hidráulicas para pagar carreteras. Alicante sale perdiendo ya que se le reducen más de 4 millones en beneficio de Castellón. La inversión en carreteras pasa de 6 a 7,6 millones de euros frente al agua que pierde en total 365.000 euros.